Bolivia y Brasil acaban de lanzar el Plan Fronteras Seguras, un despliegue binacional de policías, inteligencia y unidades de élite en Pando, Beni y Santa Cruz. Es una noticia que merece aplauso: por fin dos Estados coordinan esfuerzos frente a facciones del PCC y el Comando Vermelho que han convertido la Amazonía fronteriza en campo de batalla. Pero conviene decirlo sin rodeos: ningún operativo, por sofisticado que sea, va a funcionar si no se resuelve antes el problema de fondo: la transparencia y falta de confianza en las instituciones bolivianas.
El verdadero escudo contra el narcotráfico en Bolivia no está en las armas, ni en la tecnología, ni en la cantidad de policías desplegados en la frontera. Está en una decisión política que ningún gobierno, hasta ahora, se ha atrevido a tomar: purgar a fondo la Policía y las instituciones que durante dos décadas han protegido al narcotráfico en lugar de combatirlo.
Hasta hoy, el verdadero escudo es el que han tenido las mafias, a través de la protección política, la complicidad institucional, los espacios donde esconderse y una Fiscalía que mira’ para otro lado. El Chapare es el ejemplo más elocuente. Un territorio prácticamente inexpugnable para el Estado. Siendo presidente, Evo Morales se burlaba cuando le advertían sobre las pistas clandestinas y los vuelos nocturnos de avionetas cargadas de droga. “Son mosquitos”, respondía. Hoy continúa refugiado en ese territorio, donde la Policía y las Fuerzas Armadas ha sido proscritas.
La situación no cambiado mucho con el nuevo gobierno, El comandante general Mirko Sokol admitió recientemente que la Policía y otras instituciones del Estado siguen "perforadas" por el narcotráfico, y vinculó esa infiltración directamente con la red del uruguayo Sebastián Marset, cuya fuga y prolongada permanencia en territorio boliviano sigue rodeada de sombras. El escándalo de las llamadas "narcomaletas" confirma que la corrupción no es un fenómeno del pasado ni de un solo gobierno: es estructural.
Un escudo binacional de contención puede reforzar puestos de control, pero si los policías y funcionarios que lo integran siguen siendo vulnerables a la cooptación, ese mismo escudo puede convertirse en un colador. De poco sirve una unidad de élite en la frontera si, puertas adentro, persisten "soplones" institucionales dispuestos a filtrar información a las organizaciones criminales. La cooperación con la Policía Federal de Brasil es bienvenida, pero corre el riesgo de fracasar si Bolivia no pone en orden su propia casa.
El cambio de gobierno no ha bastado para revertir dos décadas de tolerancia. Las balaceras siguen siendo constantes, la captura de Marset dejó más preguntas que certezas, y las estructuras que protegieron al narcotráfico durante años continúan, según las propias autoridades, activas. Bolivia necesita un plan de fronteras, sin duda. Pero necesita, sobre todo, la valentía política de limpiar desde adentro las instituciones que durante veinte años funcionaron como el verdadero escudo del narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico exige una decisión política mucho más difícil que desplegar policías: identificar a los corruptos, investigarlos, procesarlos y expulsarlos de las instituciones.
