Hay preguntas que suelen responderse con demasiada facilidad. ¿Por qué las familias tienen cada vez menos hijos? La explicación convencional apunta al cambio cultural, a las mujeres que priorizan sus carreras, al costo de la vivienda, a la falta de tiempo o a una supuesta pérdida de los valores tradicionales. Algo de eso puede ser cierto, pero la explicación se queda corta. Cuando millones de personas, en sociedades distintas, toman decisiones semejantes, conviene mirar también las reglas bajo las cuales esas decisiones se toman.
El problema demográfico no apareció de la noche a la mañana. Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong presentan tasas de fecundidad extraordinariamente bajas, muy por debajo del 2,1 hijos por mujer necesario para mantener estable una población. El fenómeno suele presentarse como una anomalía cultural asiática. Pero hay otra interpretación: quizá las familias están reaccionando racionalmente a un sistema económico y social que ha hecho cada vez más costoso tener hijos.
Tener un hijo no es comprar un objeto. Es comprometer dos décadas de tiempo, dinero, trabajo, educación, vivienda y cuidados. Es una inversión cuyo resultado no aparece mañana. Los padres entregan recursos durante años para recibir, en el mejor de los casos, una relación afectiva y familiar que no puede medirse en términos contables. Sin embargo, para que una familia acepte semejante compromiso necesita cierta confianza en el futuro. Y ahí comienza el problema.
La primera soga es la inflación. Cuando el dinero pierde poder adquisitivo, ahorrar para comprar una vivienda, educar a los hijos o garantizar una vejez digna se convierte en una carrera contra el tiempo. Una pareja joven puede tener hoy un ingreso razonable y descubrir mañana que la casa que quería comprar se alejó varios años de salario. La incertidumbre no invita precisamente a traer más hijos al mundo.
La segunda soga son los sistemas de pensiones. Durante generaciones, los hijos fueron también parte de una lógica familiar: los padres criaban, educaban y transmitían bienes; los hijos, cuando llegaba la vejez, ayudaban a sus padres. El Estado sustituyó parcialmente ese contrato por sistemas públicos de jubilación. El problema aparece cuando la población envejece y nacen menos niños. Menos trabajadores deben sostener a más jubilados. La paradoja es evidente: un sistema creado para ofrecer seguridad puede terminar dependiendo justamente de aquello que la sociedad dejó de producir en cantidad suficiente: nuevas generaciones.
La tercera soga es la salud. No basta con que la atención médica sea declarada un derecho. Una familia necesita saber cuánto le costará, cuánto tendrá que esperar y si podrá recibirla cuando la necesite. Cuando la burocracia reemplaza al precio como mecanismo de asignación, la escasez no desaparece. Simplemente puede transformarse en listas de espera, trámites y frustración. Para una pareja que piensa en tener hijos, esa incertidumbre pesa.
La cuarta soga es la educación. Criar un hijo ya no significa solamente alimentarlo y vestirlo. Significa pagar guardería, colegio, transporte, tecnología, idiomas, universidad y una larga lista de actividades consideradas indispensables para que pueda competir en una sociedad cada vez más exigente. El Estado puede ofrecer educación gratuita, pero gratuita no significa necesariamente sin costo para la familia. Los padres pagan con impuestos, tiempo, transporte y, muchas veces, recurriendo a servicios privados cuando buscan una educación mejor.
La quinta soga es la vivienda. Aquí el problema resulta especialmente evidente. Una pareja puede querer tener tres hijos, pero si no puede conseguir una casa razonablemente amplia a un precio razonable, el deseo termina chocando contra la realidad. Las regulaciones urbanísticas, las restricciones al uso del suelo y la escasez artificial de terrenos pueden convertir la vivienda familiar en un privilegio reservado para quienes ya poseen patrimonio.
La sexta soga es la asistencia estatal cuando sustituye a las redes familiares y comunitarias. Ayudar al que necesita ayuda es una obligación moral de cualquier sociedad decente. Pero una política social mal diseñada puede crear dependencia y, peor aún, incentivos contrarios a la formación de familias estables. El Estado puede aliviar determinadas consecuencias de la pobreza, pero difícilmente puede reemplazar los vínculos familiares que producen solidaridad, responsabilidad y pertenencia.
Hay, sin embargo, una advertencia importante: culpar exclusivamente al Estado también sería una simplificación. La natalidad depende de la cultura, de las aspiraciones personales, de la incorporación de la mujer al mercado laboral, de las expectativas profesionales y de muchos otros factores. Pero tampoco parece razonable culpar únicamente a los jóvenes por no querer tener hijos cuando construir una familia se ha convertido en una de las decisiones económicas más difíciles de sus vidas.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente por qué las parejas tienen menos hijos. Deberíamos preguntarnos qué clase de sociedad hemos construido para que tener un hijo parezca, cada vez más, una decisión económicamente irresponsable.
Si queremos más nacimientos, quizá haya que dejar de tratar a las familias como simples beneficiarias de subsidios y comenzar a devolverles algo mucho más importante: estabilidad, propiedad, libertad de decisión y confianza en el futuro. Porque una sociedad que hace cada vez más difícil formar una familia no puede sorprenderse después cuando descubre que ya no tiene suficientes familias para sostenerla.
Félix Yang - Instituto Mises
