Con cierta intermitencia aflora la necesidad de una reforma constitucional, no solo para ajustar, armonizar y compatibilizar la Ley Fundamental con el nuevo ciclo político y la nueva visión del país que debe proyectarse en el mundo, sino también para retirar algunos candados que fueron establecidos a propósito por el MAS. Aunque lo ideal sería una reforma total, mediante una Asamblea Constituyente que permita reconstruir toda la arquitectura jurídico-política del Estado boliviano, por el momento se debe concretar una reforma parcial mediante la Asamblea Legislativa. La Constitución establece que este cambio puede realizarse mediante una ley aprobada por dos tercios del total de sus miembros presentes. Sin embargo, cualquier tipo de reforma necesita un referéndum aprobatorio (art. 411 de la CPE).
Es cierto que existe cierto consenso en cuanto al procedimiento para conseguir este cambio y hasta en algunos temas concretos. Así, por ejemplo, se debe cambiar la forma de designación de las principales autoridades judiciales; profundizar la autonomía departamental; garantizar la redistribución económica (50/50 o pacto fiscal), así como ampliar las competencias de los gobiernos departamentales. La Constitución debe abrirse a la inversión extranjera, brindar seguridad jurídica al capital y permitir el arbitraje en el exterior. Otro tema que abordaron la mayoría de los candidatos y líderes políticos en la pasada campaña electoral fue prohibir absolutamente la reelección presidencial y redefinir el rol institucional de la Vicepresidencia del Estado.
En general, debe transformarse y fortalecerse la justicia para lograr democracias sólidas y duraderas. En este sentido, se deben resolver los siguientes problemas capitales: erradicar la injerencia política en la administración de justicia; la persecución político-judicial; la exigüidad del presupuesto judicial; la falta de acceso a la justicia, dada la escasa cantidad de jueces y fiscales; la secundarización de la justicia indígena originaria campesina; el abuso de la detención preventiva y el hacinamiento carcelario; la falta de carrera judicial; la politización del nombramiento de las Altas Cortes; la corrupción transversal en los niveles judiciales; la impunidad de los delitos, entre otros.
Todas estas propuestas coinciden con las conclusiones del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán. El informe internacional es terminante en el sentido de que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna y el disfrute de los derechos humanos. Bolivia es parte de instrumentos internacionales que contienen y apuntalan las obligaciones de contar con una administración de justicia independiente, imparcial, competente y accesible.
Los juristas independientes han propuesto crear un “Comité de Preselección”, que estaría conformado de manera igualitaria por representantes meritorios del sistema de universidades públicas y privadas, del Colegio de Abogados, representantes de la sociedad civil, etc. Este Comité se encargaría de la convocatoria y selección de postulantes, previa comprobación pública y transparente de su probidad e idoneidad, y de elaborar las ternas de postulantes para la designación de las y los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Fiscal General del Estado, garantizando la paridad de género. Las ternas se enviarían a la Asamblea Legislativa para que proceda a la designación respectiva por dos tercios de votos del total de sus miembros. Y, en la eventualidad de que los legisladores intenten bloquear o boicotear las designaciones contenidas en las ternas independientes, se tendría por designado y elegido al candidato más y mejor calificado de cada una de las ternas.
El cambio constitucional busca no solo restituir y garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de las máximas autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, fortalecer al Órgano Judicial. Este fortalecimiento institucional debe comenzar no solo cualificando los cargos jerárquicos, sino igualmente reconociendo los cargos vitalicios de los jueces y juezas. También se deben imponer exámenes de competencia y oposición, garantizar el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y establecer evaluaciones periódicas, de forma que se instituya, con carácter obligatorio y permanente, la formación y capacitación sistemática de los jueces. La imprescindible seguridad jurídica y ciudadana depende del fortalecimiento institucional y de la meritocracia del cuerpo de jueces y juezas. La reforma constitucional es una necesidad impostergable que el Gobierno y la nueva casta política parecen no terminar de digerir.
*Jurista y autor de varios libros.
