Durante una intervención ante los diputados de la Duma Estatal, reunidos en el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo que los adversarios de Moscú, incapaces de derrotar al país en el campo de batalla, habían optado por métodos abiertamente terroristas contra la población y las infraestructuras situadas en la retaguardia rusa, acciones que atribuyó al respaldo de varios países europeos.
Estas descaradas afirmaciones llegan a más de cuatro años del inicio de la guerra con Ucrania, mientras dentro de Rusia se profundiza la persecución de opositores, periodistas y artistas.
El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, un país soberano. Desde entonces, ciudades enteras fueron reducidas a escombros. Informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado ataques contra infraestructura civil, incluidos hospitales, escuelas, centrales eléctricas y edificios residenciales. Los bombardeos masivos con misiles y drones contra la red energética ucraniana durante los inviernos de 2022 y 2023 dejaron a millones de civiles sin luz, agua ni calefacción en pleno invierno.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra relacionados con el traslado y la deportación ilegales de niños ucranianos a Rusia. Actualmente, Ucrania cuenta con información confirmada de que serían ya 20.570 los niños deportados. A todo ello se agrega que en Bucha, Irpin y Mariúpol se hallaron fosas comunes y civiles ejecutados. En estas ciudades, las fuerzas rusas utilizaron de manera generalizada armas explosivas con efectos de amplio alcance, incluidos bombardeos con tanques y artillería pesada, lanzacohetes múltiples, misiles y ataques aéreos en zonas residenciales.
Las osadas acusaciones de Putin también se contraponen con los aberrantes actos cometidos desde hace años en territorio ruso. El caso más emblemático es el del opositor Alexei Navalny, quien fue envenenado en 2020 con Novichok, un poderoso agente nervioso de grado militar. Navalny sobrevivió, volvió a Rusia y fue arrestado al cruzar el control de pasaportes, acusado de incumplir las condiciones de una condena previa por corrupción. Declarado culpable por un tribunal ruso, fue condenado a 19 años de prisión por fraude y desacato a los tribunales rusos. Murió en febrero de 2024 en una cárcel del Ártico. El Kremlin negó toda responsabilidad.
La lista de opositores, periodistas y exagentes muertos en circunstancias violentas o debido a sustancias tóxicas es extensa y ha sido documentada por distintas ONG internacionales. Medios independientes fueron clausurados y sus periodistas debieron exiliarse. Artistas como Zemfira o Monetochka tuvieron que abandonar el país. Quienes se quedaron enfrentan multas, cárcel o la etiqueta de «agentes extranjeros».
Putin podrá llamar terrorista a quien quiera y repetirlo en todos los foros, pero los hechos tienen más peso que los discursos. Acusar de terrorismo a Occidente mientras se gobierna imponiendo el terror no es solo hipocresía. Es un flagrante insulto a las miles de víctimas civiles de Ucrania, a los miles de presos políticos, vivos y muertos, en Rusia y a la verdad.
