El gobierno habla de sinceramiento cuando aprueba el incremento del precio del diésel, pero la medida se queda dramáticamente corta. Ajustar la tarifa a Bs 18 únicamente para los grandes consumidores mientras se mantiene la ilusión del subsidio para el resto no es sinceridad; es un parche burocrático más. La verdadera honestidad política comenzaría por admitir una realidad ineludible: el Estado boliviano es incapaz de garantizar el abastecimiento energético del país. El modelo estatista colapsó, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está desbordado por la ineficiencia y la corrupción estructural, y el monopolio público se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo nacional.
Hablar de un verdadero "sinceramiento" exige reconocer que solo la empresa privada posee la capacidad logística, el capital y la eficiencia operativa para resolver la crisis de los combustibles. Sin embargo, el Decreto Supremo 5676, lejos de liberar las fuerzas del mercado, simula una apertura que termina asfixiada por la burocracia. Al abrir tímidamente las puertas a los importadores privados pero imponerles metodologías de cálculo diario, registros ante la ANH y la competencia desleal de un precio estatal distorsionado, el Gobierno no genera incentivos reales; genera un terreno fértil para el chantaje administrativo, el desvío de volúmenes al mercado negro y la corrupción.
Además, un sinceramiento auténtico no puede ser parcial ni selectivo. No basta con retocar el diésel para un segmento; la distorsión económica abarca a toda la matriz energética nacional. La gasolina, el diésel en su totalidad, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural vendido a precios irreales en el mercado interno están destruyendo las arcas públicas y secando los campos petroleros. La política de regalar energía destruyó los incentivos para la exploración y explotación. En las condiciones actuales, ningún inversionista serio arriesgará miles de millones de dólares en Bolivia bajo un esquema de precios controlados y confiscatorios.
Las consecuencias de no actuar con sinceridad absoluta serán devastadoras. Si no se reforma de raíz el sector de los hidrocarburos, Bolivia no solo consolidará su condición de país importador de líquidos, sino que en cuestión de un par de años se verá forzado a importar gas natural para mover sus termoeléctricas, poniendo en riesgo el suministro de energía eléctrica nacional. La soberanía energética se habrá convertido en un apagón definitivo.
Sinceridad no es pedir disculpas en conferencias de prensa ni promulgar decretos normativos que perpetúan la intervención estatal. Sinceridad es reconocer que el Estado, tal como está concebido en el marco constitucional vigente, opera como una tranca para el progreso. Se requiere una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos y de la propia Constitución para desmantelar el monopolio estatal, dar seguridad jurídica al capital privado y permitir un mercado verdaderamente libre. Todo lo demás son meros paños tibios que postergan la agonía de un sistema agotado.
El verdadero sinceramiento requiere admitir el colapso del monopolio estatal de YPFB y la distorsión del subsidio energético. Solo la liberación total del mercado, la eliminación de la burocracia y la atracción de capital privado salvarán a Bolivia del desabastecimiento.
