La salud pública, en general, es la contrariedad perenne para las autoridades del Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y los municipios: insuficiente infraestructura hospitalaria, sueldos atrasados, personal médico escaso, falta de capacidad instalada para recibir enfermos, tecnología obsoleta y el consabido calvario para conseguir una consulta: enfrentar la adversidad de amanecidas lluviosas, frías y ventosas, con la ilusión de recibir atención oportuna.
Los primeros rayos del sol son testigos insobornables del temor y la ansiedad, porque no será raro que les digan: «No tenemos sistema» o la desesperante sentencia: «Se acabaron las fichas para hoy».
Los médicos olvidan a veces que prestaron un juramento solemne para proteger la salud de la población. No siempre son acertados en los diagnósticos; incluso prescriben medicación equivocada y, en el caso particular del sector público, sus recursos humanos son especialistas en movimientos huelguísticos y dominan argumentos, o pretextos, para provocar conflictos laborales. Se da el caso de un portavoz sindicalero afrentoso —ya lleva ocho años como dirigente del gremio— que afirma no tener miedo a las consecuencias y admite tener familiares en diferentes cargos «porque ellos aportaron a las campañas políticas de quienes fueron elegidos». Sordo a los lamentos e impasible ante el peregrinar de los enfermos, se niega a medir las consecuencias.
Como todo dirigente, dice que hace lo que piden las bases, en este caso, los médicos, paramédicos y administrativos, todos pendientes de algún equívoco o de la demora en el pago de sus empleadores para anunciar, con insolencia, un nuevo paro.
Que los médicos de la seguridad social y de los centros de salud municipales entren en paro no es novedad; lo insólito sería que se conmuevan ante las imágenes de una crudeza inhumana: tratamientos interrumpidos, ecografías y cirugías postergadas por meses y, llegado el día marcado, están en paro los médicos. ¡Vaya lujo de ilegalidad que se permiten los señores!
No recibir sus legítimos derechos, de ninguna manera, los autoriza a cometer delitos. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo?
También hay mucho que decir sobre la salud privada, que, si bien ofrece una atención mejor, prioriza, como toda empresa, recuperar la inversión. Importan más los costos y las utilidades.
El saludo protocolar ha cambiado. Ahora es más coloquial escuchar: «¡Hola, doctor! ¿Cómo va el negocio?». En este contexto, se habla de un círculo que se cierra: consulta previo pago de honorarios; receta para comprar en farmacias que ponen precios a su antojo; estudios clínicos para comprobar o descartar diagnósticos y, finalmente, cargando las placas y todo el papelerío, reservar hora para la apresurada reconsulta. De esa manera, además, uno se da cuenta de que el cuerpo humano está parcelado: los médicos que estudiaron medicina solo saben lo concerniente a sus especialidades.
Están también los laboratorios farmacéuticos, con su acoso persistente para promover medicamentos que tienen decenas de nombres comerciales.
Dicho sea de paso, los medicamentos, como los repuestos para vehículos y otros insumos importados, subieron de precio cuando el dólar paralelo se disparó hasta Bs 18; después bajó a Bs 9,70 y no pasó nada. Ahora vuelven a subir de precio porque el dólar sobrepasó los 12 bolivianos. Se repite el paradigma: los ricos se harán más ricos y los pobres, más pobres.
Unos se reúnen en fiestas frecuentes; otros deambulan en busca de un camino y no tienen quién los proteja. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo?
