Como subrayamos en la anterior columna, Rodrigo Paz tiene una obligación histórica: enterrar políticamente a Evo Morales y al MAS, si asume con responsabilidad patriótica la tarea esencial de rescatar y preservar la democracia boliviana.
El caudillo y su partido, que en su momento constituyeron la organización política más grande y estructurada de Bolivia —incluso más que el MNR—, no pueden pretender regresar impunemente al poder después de haber contribuido a destrozar el país y presentarse ahora como los “indicados para salvar a Bolivia” de la profunda crisis que ellos mismos originaron.
Por los daños provocados, Evo Morales, el MAS y su dirigencia deben ser sometidos a un severo juicio histórico. No mediante mecanismos formales de proscripción, porque eso sería antidemocrático y, además, contraproducente. Deben ser proscritos en la conciencia de los ciudadanos: no por decreto, sino por el conocimiento de lo que realmente significaron.
Durante sus años de gobierno se deterioró la economía, se erosionó la institucionalidad, se colonizó la justicia, se sometió al Órgano Electoral, se pervirtió la administración pública y la corrupción se extendió prácticamente por todos los niveles del Estado. Bolivia nunca había experimentado un proceso de desinstitucionalización de semejante profundidad.
Lo mismo ocurrió con la Policía y otras instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el Estado de derecho. La lógica partidaria y corporativa terminó trastocando funciones esenciales del Estado.
Los daños tampoco se limitaron a las instituciones y la economía. Alcanzaron a la naturaleza. Los incendios, la expansión descontrolada de actividades extractivas y la destrucción de ecosistemas dejaron una deuda ambiental que tardará décadas en repararse.
La corrupción merece un capítulo aparte. No nació con el MAS, pero durante el régimen masista alcanzó dimensiones extraordinarias. Una élite cleptocrática, junto a dirigentes sindicales convertidos en operadores del poder, terminó haciendo de los cargos y recursos públicos una fuente de enriquecimiento. La corrupción dejó de ser una anomalía para convertirse en una forma de ejercer el poder.
Por eso resulta apocalíptico pensar en el retorno del MAS. No se trata del “miedo al otro”, como sostienen algunos intelectuales que todavía justifican lo que significó aquel gobierno. Se trata de observar la experiencia, evaluar sus resultados y aprender de ella.
Ahora bien, ¿cómo puede Rodrigo Paz contribuir a que ese retorno sea definitivamente imposible?
Sería un craso error pretender proscribir al MAS por vías formales. La democracia debe ser capaz de derrotar en las urnas a quienes hicieron tanto daño. Una proscripción administrativa o judicial podría convertir al derrotado en víctima y devolverle, paradójicamente, mayor capacidad de movilización.
La verdadera batalla está en otro lugar: en la memoria colectiva.
La sociedad boliviana debe conocer, para no olvidar, lo que realmente sucedió durante esos veinte años. Debe saber cómo se administró el excedente de la bonanza, cuánto se gastó, cuánto se despilfarró y qué quedó después. Debe quedar claro cómo se debilitó el sector gasífero y cómo se llegó a la crisis económica actual.
También debe quedar en la memoria lo ocurrido con la justicia, las instituciones, las empresas públicas, los grandes proyectos inconclusos y los numerosos casos de corrupción. Y, sobre todo, quiénes se beneficiaron y quiénes terminarán pagando la factura.
Para que nunca vuelva a suceder, las bases y los llamados movimientos sociales también deben comprender que muchos de sus dirigentes fueron los principales beneficiarios del denominado “proceso de cambio”, mientras sus comunidades continúan viviendo en condiciones de pobreza.
No se trata de propaganda ni de fabricar un nuevo relato. Mucho menos de manipular conciencias. Bolivia no necesita un Goebbels; necesita exactamente lo contrario: una política pública basada en memoria, información y verdad.
No hay que manipular a los ciudadanos para que rechacen al MAS. Hay que informarles para que puedan juzgar con los datos y la memoria. Si los bolivianos conocieran en toda su magnitud el costo económico, institucional, social y ambiental de aquellos veinte años, difícilmente volverían a respaldarlo. Y si, después de conocerlo todo, alguien decide votar por el MAS, estará ejerciendo legítimamente su derecho democrático.
Rodrigo Paz tiene, por tanto, una enorme tarea. No debe dedicarse simplemente a combatir a Evo Morales. Debe gobernar tan bien que Evo deje de ser necesario como respuesta al fracaso.
El MAS no será enterrado definitivamente mediante discursos contra Evo. Será sepultado cuando la sociedad tome conciencia de los enormes daños provocados y se desmonte, pieza por pieza, el mito de que fueron los grandes redentores de los pobres, administraron correctamente la riqueza nacional y son los únicos capaces de defender a los sectores populares.
Evo Morales y el MAS no necesitan ser perseguidos para desaparecer. Necesitan ser juzgados por la historia. Y ese juicio no debe construirse desde el odio ni la propaganda, sino desde la memoria, los datos y los resultados.
*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.
