Nueve meses después de haber llegado a Palacio Quemado con la promesa de romper con dos décadas de gestión del MAS, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un balance que dista mucho de lo prometido en campaña. Los 53 días de bloqueo que paralizaron al país entre mayo y junio dejaron una imagen difícil de borrar: un Ejecutivo que tardó semanas en encontrar una salida negociada, que solo logró destrabar el conflicto tras un acuerdo puntual con la Central Obrera Boliviana —mientras otros sectores movilizados, como la Federación de Campesinos de La Paz, se mantuvieron al margen— y que debió recurrir al estado de excepción para recuperar el control de las carreteras. Más allá de las lecturas encontradas sobre quién promovió esas movilizaciones, el costo fue enorme: miles de millones de bolivianos perdidos, desabastecimiento, y una fractura social que todavía no cicatriza.
A ese episodio se suma un desempeño de gestión que no logra despegar. La crisis de los combustibles —agravada por el escándalo de la llamada "gasolina basura", que dañó miles de vehículos y obligó a remover al ministro de Hidrocarburos— sigue sin resolverse: el propio presidente debió salir a pedir disculpas públicas por la persistencia de las filas y la escasez de diésel, casi un año después de haber asumido. La inflación y la escasez de dólares, heredadas pero no resueltas, completan un cuadro de improvisación económica que golpea el día a día de los bolivianos.
En el plano institucional, el gobierno tampoco ha mostrado la capacidad de renovar estructuras clave: cargos diplomáticos sin cubrir y una administración pública que, en buena parte, sigue funcionando con las inercias heredadas del ciclo masista. Falta, sobre todo, una hoja de ruta clara: no hay un plan económico integral ni una estrategia de seguridad capaz de frenar el avance del narcotráfico, un fenómeno que continúa marcando la agenda de violencia en distintas regiones del país.
Pero el golpe más duro para la credibilidad del gobierno ha sido el frente de la transparencia. Las denuncias en torno a presuntos negociados con combustibles, seguros y oro, vinculadas al entorno cercano del presidente —incluido su exasesor Fernando Cerimedo— y expuestas públicamente por Nadia Beller, han abierto una crisis de confianza que ningún gobierno puede permitirse tan temprano en su gestión. Se trata de acusaciones que, más allá de su desenlace judicial, alimentan la percepción de una administración que llegó prometiendo romper con la corrupción y que hoy enfrenta sospechas de reproducir las mismas prácticas que criticó.
El resultado es un gobierno que empieza a mostrar signos de agotamiento antes de cumplir su primer año: sin plan económico definido, sin institucionalidad renovada, sin resultados visibles en seguridad y con una nube de sospecha sobre su entorno más cercano. La pregunta que se instala en la opinión pública boliviana ya no es solo si Rodrigo Paz podrá cumplir sus promesas, sino si su gobierno logrará sostener la confianza mínima necesaria para gobernar los próximos años.
La pregunta que se instala en la opinión pública boliviana ya no es solo si Rodrigo Paz podrá cumplir sus promesas, sino si su gobierno logrará sostener la confianza mínima necesaria para gobernar los próximos años.
