Una sala constitucional concedió una acción de libertad a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y dejó sin efecto las actuaciones judiciales promovidas en su contra dentro del proceso relacionado con los hechos de octubre de 2003.
La decisión constitucional cuestiona la forma en que se desarrolló el proceso y establece que se vulneraron garantías fundamentales de la exautoridad. Como consecuencia, quedan sin efecto las medidas judiciales que sustentaban su persecución penal en este caso.
El fallo representa un giro en un proceso que se inició hace más de dos décadas y que busca establecer responsabilidades por los hechos de octubre de 2003, cuando una crisis social y política derivó en una represión estatal con decenas de personas fallecidas.
Sánchez Berzaín fue uno de los principales colaboradores de Sánchez de Lozada durante ese periodo. Tras la crisis de 2003, salió del país y desde entonces enfrenta procesos judiciales relacionados con su actuación durante los acontecimientos.
La determinación de la sala constitucional deja en suspenso las actuaciones que impulsaban su procesamiento. La parte querellante y los sectores involucrados en el caso aún pueden recurrir a las vías legales que correspondan para cuestionar o solicitar la revisión del fallo.
La resolución, por tanto, modifica el escenario judicial del proceso y deberá ser evaluada en las siguientes instancias de la jurisdicción constitucional antes de establecerse sus efectos definitivos.
