La Justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses del exviceministro de Políticas de Industrialización Luis Joshua Siles Castro, quien deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de una planta piscícola en San Pedro de Tiquina, a orillas del lago Titicaca.
La decisión fue emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia No. 14 durante la audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público imputara a la exautoridad por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Fiscalía argumentó que la medida cautelar permitirá asegurar la presencia de Siles durante la etapa preparatoria, periodo en el que se prevé continuar con la recolección de pruebas para establecer las responsabilidades en torno al proyecto estatal.
Aún faltan diligencias clave
El fiscal Wilson Medrano informó que la investigación todavía no concluye y que restan dos declaraciones de integrantes de la comisión encargada de fiscalizar la obra. Además, anunció que el 28 de agosto está programada una inspección ocular en el lugar donde se ejecutó el proyecto.
La diligencia fue suspendida en dos oportunidades debido a problemas con las notificaciones a otros involucrados, pero la Fiscalía espera concretarla en la nueva fecha como parte de las actuaciones destinadas a verificar las condiciones reales de la obra.
El Ministerio Público tampoco descarta ampliar la investigación hacia otras personas que participaron en la aprobación, financiamiento, supervisión y fiscalización del emprendimiento.
Proyecto millonario bajo investigación
El caso surgió a partir de denuncias presentadas por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Según la Fiscalía, la iniciativa recibió un financiamiento superior a Bs 87 millones, de los cuales alrededor de Bs 72 millones fueron destinados a la construcción de la planta piscícola.
Sin embargo, una auditoría preliminar identificó un posible daño económico superior a Bs 40 millones. De acuerdo con Medrano, la obra registra un avance físico de poco más del 30 %, pese a que los desembolsos a la empresa contratista superarían los Bs 60 millones.
Para los investigadores, esa diferencia entre el progreso de la construcción y los recursos ejecutados constituye uno de los principales elementos que sustentan el proceso penal.
La responsabilidad de Siles
La Fiscalía sostiene que, durante el desarrollo del proyecto, Luis Siles ejercía funciones como presidente del directorio de Emapa y representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible, cargos que le otorgaban responsabilidades de supervisión y control.
Según Medrano, esas atribuciones incluían la posibilidad de ordenar auditorías o adoptar medidas preventivas para corregir posibles irregularidades durante la ejecución de la obra, acciones que presuntamente no fueron asumidas.
