El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y abogado Roberto de la Cruz anunció que las víctimas de Octubre Negro recurrirán la decisión de una Sala Constitucional que declaró la nulidad de la apertura del juicio de responsabilidades contra Carlos Sánchez Berzaín y otros exfuncionarios por los hechos de 2003.
De la Cruz aclaró que, según la información conocida hasta ahora, la resolución no anula todo el proceso de responsabilidades, sino específicamente el auto de apertura del juicio dictado el 25 de marzo de 2009 y los actuados que se desprenden de esa determinación.
El exdirigente señaló que primero se debe conocer de manera íntegra el contenido de la resolución constitucional para establecer sus alcances. Sin embargo, adelantó que presentarán un recurso constitucional contra el fallo.
Uno de los principales cuestionamientos de De la Cruz está relacionado con la falta de notificación a las víctimas de Octubre de 2003 y a su apoderado para la audiencia de acción de libertad promovida por Sánchez Berzaín.
“Al no haber sido notificados, se ha vulnerado su derecho”, sostuvo De la Cruz, al considerar que esta situación habría afectado el debido proceso de la audiencia constitucional.
El exdirigente también advirtió que las víctimas asumirán acciones legales para defender el proceso y cuestionó la decisión judicial, en un momento de tensión política y social en el país.
De la Cruz sostuvo además que los actos investigativos realizados durante la etapa preparatoria permanecen vigentes y descartó que la resolución implique, por sí misma, la anulación de toda la investigación relacionada con Octubre Negro.
La Sala Constitucional declaró la “nulidad de pleno derecho” del auto de apertura del juicio de responsabilidades del 25 de marzo de 2009 y los actuados emergentes, a raíz de una acción de libertad presentada por Sánchez Berzaín y excolaboradores del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El proceso busca establecer responsabilidades por los hechos de septiembre y octubre de 2003, cuando una crisis social y política derivó en una violenta represión estatal que dejó decenas de personas fallecidas.
Sánchez Berzaín, entonces ministro de Defensa, salió del país después de la crisis de octubre de 2003 y desde entonces enfrenta procesos relacionados con su actuación durante esos acontecimientos.
