Los pobladores de La Asunta retienen 15 unidades de maquinaria pesada y volquetas de una empresa minera que opera en la zona. La medida fue tomada tras la toma del campamento minero, al que acusan de contaminar el medio ambiente y desviar el curso del río, lo que genera riesgo de desbordamientos y afectaciones en las zonas ribereñas.
La propiedad de los equipos y la responsabilidad de las actividades son atribuidas a una firma china que operaría sin autorización legal. El lote de motorizados, utilizado en labores de gran escala, fue trasladado la noche del sábado hasta el poblado de La Asunta, donde un ampliado definiría las acciones a seguir.
Un nutrido grupo de comunarios, cansados de los reclamos infructuosos por la minería a orillas del río Boopi, tomó el campamento el pasado sábado y quemó una volqueta y otra maquinaria en el lugar.
Los mineros no lograron evitar la movilización pese a que hicieron detonar dinamita y capturaron temporalmente a tres manifestantes. "Me capturaron y me agredieron físicamente. Vinieron con piedras y nos las arrojaron", denunció uno de los comunarios heridos, quien logró escapar de sus captores y recibió atención en el centro de salud junto a otros siete afectados.
Hasta la mañana de este domingo, ninguna autoridad del Gobierno nacional o de la Gobernación de La Paz se ha pronunciado sobre los acontecimientos. En la zona se mantiene una tensa calma a la espera del ampliado convocado por los pobladores, quienes ratificaron su rechazo a las faenas mineras por el impacto ambiental generado.
Aún se desconoce de manera oficial la razón social de la empresa y si contaba con derechos de explotación aurífera. Durante la protesta, los dirigentes cuestionaron la inacción de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no haber intervenido oportunamente en la cuenca.
Según reportes del periodista Bernabé Marca, la maquinaria fue trasladada al centro del poblado y la operadora, supuestamente impulsada por capitales chinos, actuaba al margen de la ley.
El cabildo anunciado para esta jornada contará con la participación del alcalde municipal, Vicbay Poma, el concejo municipal en pleno y representantes de las organizaciones sociales de la región. El temario centrará su debate en definir el destino de la maquinaria retenida y las acciones legales y comunitarias que se adoptarán para frenar la minería ilegal.
