Apenas han transcurrido diez meses del gobierno de Rodrigo Paz y su gestión parece haber perdido buena parte de la legitimidad, credibilidad y confianza con las que llegó al poder, cuando todavía restan 50 meses para concluir constitucionalmente su mandato. La pérdida de confianza, elemento esencial de la gobernabilidad, constituye una amenaza seria para su continuidad. Incluso, en los entresijos del poder, se especula con que podría permanecer solamente hasta octubre.
El caso Cerimedo-Beller irrumpió como un huracán y afectó profundamente la credibilidad de un gobierno que ya venía considerablemente desgastado. El escándalo puede terminar corroyendo los débiles pilares que todavía lo sostienen.
La desilusión y la decepción son enormes. En distintos niveles de la administración pública se perciben, además, apetitos desmedidos por aprovechar los recursos fiscales de cualquier manera y en el menor tiempo posible. Da la impresión de que algunos funcionarios creen que tienen poco tiempo para hacerlo y actúan con desesperación.
No solo se han reciclado antiguos funcionarios cuestionados por el manejo de recursos públicos, sino que también se ha incorporado a funcionarios incapaces, ineficientes e ineptos. El resultado es un gobierno que, a solo diez meses de gestión, exhibe un preocupante deterioro.
Conviene recordar cómo Rodrigo Paz llegó al poder. En la primera vuelta electoral protagonizó una de las mayores sorpresas de la política boliviana reciente. Cuando todo parecía encaminado a una segunda vuelta entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, Paz desplazó inesperadamente a este último.
Las encuestas previas no explicaban semejante resultado. Una de las interpretaciones más plausibles atribuyó parte importante del fenómeno a la capacidad de conectar con sectores populares mediante TikTok de su candidato a vicepresidente, el capitán Edman Lara.
En la segunda vuelta ocurrió algo todavía más inesperado. Un importante porcentaje de los cerca de 1,3 millones de votos nulos promovidos por Evo Morales terminó favoreciendo a Rodrigo Paz. Los cálculos electorales permiten sostener que Paz se benefició significativamente de ese voto.
De ahí surge una conclusión incómoda: Paz llegó a la Presidencia más por una extraordinaria conjunción de circunstancias políticas que por la fortaleza de una estructura partidaria, que nunca tuvo. Aunque su gobierno nació con legitimidad electoral, su base política siempre fue frágil.
Asumió con enormes desafíos de corto plazo: regularizar el abastecimiento de combustibles, terminar con las interminables filas, estabilizar el mercado cambiario, reducir el déficit fiscal, controlar la inflación, transparentar la administración pública y combatir la corrupción.
Tenía, además, un desafío histórico: sepultar políticamente a Evo Morales y al MAS.
Durante los primeros cien días de gestión, después del Decreto 5516 que eliminó la subvención a los combustibles, eventualmente desaparecieron las filas, se estabilizó el precio del dólar en el mercado paralelo y se logró controlar la inflación. Aunque ya comenzaban a sentirse los efectos de la llamada “gasolina basura” y había estallado el escándalo de las 32 maletas, todavía era difícil reprobar la gestión.
Sin embargo, poco después, los efectos de la mala calidad del combustible comenzaron a pasar factura. Miles de personas, particularmente en La Paz, resultaron afectadas. El descontento social y el rechazo a la Ley 1720 de reconversión de tierras fueron aprovechados por Evo Morales y sus aliados corporativos para organizar un prolongado bloqueo que exigía la renuncia del Presidente. Desde la perspectiva del Gobierno, aquello constituyó un intento de golpe de Estado.
Durante 52 días, el Gobierno resistió los bloqueos, cuyo objetivo final era provocar la renuncia presidencial. Sobrevivió, pero no necesariamente por su fortaleza. La ciudadanía, especialmente los sectores afectados por los bloqueos, soportó enormes costos económicos y sociales sin sumarse masivamente a la estrategia de Morales. Paradójicamente, fue la sociedad la que terminó salvando al Gobierno.
Superada aquella crisis, apareció otro escándalo de enorme magnitud: el extraño caso de los 189 kilos de oro que pretendían ser sacados ilegalmente en un vuelo chárter privado, revelando un presunto esquema de contrabando que alcanzó niveles preocupantes. Como ocurrió con las 32 maletas, las investigaciones, explicaciones y situaciones procesales de los principales involucrados han generado más preguntas que respuestas.
Y, como una estocada final, estalló el caso Cerimedo-Beller. Más allá de lo que establezcan las investigaciones sobre el atentado o supuesto autoatentado, el caso resulta políticamente devastador. En su entramado aparecen personas vinculadas a círculos próximos al poder, configurando una trama que alimenta la percepción de la existencia de un Estado paralelo.
El problema central, ahora, ya no radica únicamente en la continuidad de Rodrigo Paz, sino en lo que podría venir después. La gran incertidumbre es si, tras su eventual caída, podría regresar aquello que los bolivianos creyeron haber enterrado políticamente.
Así están las cosas: Bolivia enfrenta una crisis de gran magnitud y, al mismo tiempo, una nueva encrucijada. La pregunta inevitable es también la más inquietante: ¿qué viene después de la caída de Rodrigo Paz?
*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.
