“No se abroga” enfatizó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sobre el decreto 5676, que impone precios diferenciados al diésel para los llamados grandes consumidores y que es rechazado por diversos sectores productivos del país, gremiales y transportistas, entre otros.
“El que se haya tomado esta decisión (de quitar la subvención sectorial al diésel) es duro; es complejo, pero es esto o continuamos financiando a estas mafias que estaban lucrando con el contrabando. El otro elemento que es importante resaltar es que hay todavía, en algunos ámbitos, una fase reglamentaria del decreto”, declaró Aramayo este miércoles. Por el último punto se infiere que aún no está en aplicación el costo de Bs 18 por litro para sectores como el agro y la minería.
En el propio gabinete no hay una posición única sobre el decreto. El ministro Óscar Mario Justiniano, que se reunió con la dirigencia de la CAO este miércoles, admitió que el tener precios diferenciados crea distorsión. “La distorsión de tener un mismo producto con dos precios distintos crea mafias que terminan golpeando al que produce, al que apuesta su capital y a las familias bolivianas. Necesitamos generar las condiciones para erradicar el incentivo del contrabando y garantizar que el combustible llegue de forma directa al verdadero productor”, dijo Justiniano.
El nuevo ministro de Economía, Christian Morales, consideró que se debe hacer cambios en el decreto, pero no eliminarlo. ”Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, dijo, en entrevista con Unitel. Enfatizó que el diálogo debe desarrollarse en el marco del respeto entre las partes involucradas, con el fin de sacar adelante la economía.
La posición de Aramayo, uno de los principales ministros de Rodrigo Paz, surge en una jornada en la que productores arroceros de Beni instalaron un bloqueo en la carretera que conecta con Santa Cruz, en la zona de el puente de San Pablo. Hasta el lugar fue enviada una comisión negociadora del gobierno y un contingente de militares y policías.
El titular de la Presidencia también abrió la posibilidad de ampliar el Estado de Excepción. “El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento, y si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y del respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse”, señaló Aramayo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente realizará este jueves en Warnes un congreso extraordinario, convocado de urgencia en rechazo al decreto 5676. El sector señaló que en dicha reunión podrían definir medidas si el goberno no abroga la norma.
