Tres factores convirtieron a Ecuador en una incubadora del crimen transnacional y facilitaron el avance de la mafia albanesa y otros clanes balcánicos: la debilidad institucional y la corrupción en organismos de control, una economía dolarizada con controles antilavado incipientes y el crecimiento de la producción y demanda de cocaína en Europa.
En los últimos 15 años, el mercado europeo de cocaína se cuadruplicó, mientras América Latina se consolidó como un eslabón esencial del narcotráfico, ya sea como productora, procesadora, ruta de transporte o plataforma para el lavado de activos. La producción regional de cocaína se duplicó en una década y Colombia, principal origen mundial, triplicó su producción hasta alcanzar unas 3.000 toneladas anuales, según la ONU.
Hacia 2009 llegaron los primeros albaneses a Ecuador siguiendo las directrices de la mafia italiana ‘Ndrangheta, interesada en comprar cocaína directamente en Colombia y comercializarla en Europa.
Guayaquil ofrecía condiciones ideales. Sus ocho puertos, dedicados principalmente a la exportación de banano y otros productos, permitían ocultar droga entre enormes volúmenes de carga. Los albaneses comprendieron rápidamente que los contenedores eran una vía privilegiada para transportar cocaína hacia Europa.
En paralelo, Ecuador atravesaba un debilitamiento de sus mecanismos de cooperación antinarcóticos. Durante el gobierno de Rafael Correa se deterioraron las relaciones con Colombia y Estados Unidos, afectando el intercambio de información y las operaciones conjuntas contra el narcotráfico. También se modificaron las competencias de control portuario y se redujeron mecanismos de vigilancia marítima.
Aunque inicialmente pretendían establecerse en Colombia, los albaneses escogieron Ecuador como laboratorio criminal. En Guayaquil crearon empresas de exportación de banano y otros productos para ocultar narcóticos en cargamentos destinados a Europa.
Figuras como Arber Çekaj, Dritan Gjika y Dritan Rexhepi se instalaron progresivamente en el país. Al principio permanecían pocos meses; luego obtuvieron documentos falsos, visas de residencia o incluso matrimonios arreglados con ecuatorianas.
A través de colaboradores locales descubrieron las facilidades del sistema societario y bancario. Crearon o compraron empresas exportadoras de frutas y mariscos y se presentaron como jóvenes empresarios. Así penetraron en círculos de poder económico y social y establecieron contactos con empresarios, policías, militares, jueces y fiscales.
El objetivo era controlar partes estratégicas de la cadena de suministro de cocaína y abastecer el creciente mercado europeo. Las enormes ganancias permitieron diversificar sus actividades hacia negocios como la minería ilegal de oro.
La expansión criminal tuvo consecuencias devastadoras. Desde 2021 la violencia se disparó en Guayaquil y posteriormente se extendió a otras ciudades. Cerca de 50 bandas operan actualmente en Ecuador y muchas prestan servicios logísticos a organizaciones balcánicas y a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La tasa de homicidios pasó de 6 a 50,9 muertes por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2025. Ecuador se convirtió así en uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Aunque Estados Unidos y la Unión Europea incrementaron su cooperación, el Estado continúa atrapado entre la reacción y la contención. La falta de una estrategia integral para recuperar territorios, combatir la corrupción y prevenir el avance criminal mantiene abierta una amenaza que ya trasciende la seguridad pública y alcanza la estabilidad democrática del país.
*Arturo Torres es periodista de investigación especializado en crimen organizado y
corrupción. Dirige el portal Código Vidrio.
