Bolivia tiene mucho qué aprender de Ucrania si es que quiere solucionar el problema del diésel. No porque haya que fabricar drones para llenar los surtidores, sino porque ambas historias son, en el fondo, la misma historia: qué pasa cuando el Estado deja de estorbar y qué pasa cuando se aferra a estorbar hasta el final.
Ucrania estaba condenada. Todos los manuales de geopolítica la daban por muerta en 72 horas. Y sin embargo, hoy fabrica millones de drones al año, exporta tecnología militar a medio mundo y tiene empresas tocando la puerta del Nasdaq. ¿Cómo lo logró un país en guerra, sangrado, con un tercio de su territorio ocupado? Apartándose. El Estado ucraniano entendió que no tenía tiempo para regular, homologar, licitar y burocratizar mientras los rusos avanzaban. Entonces hizo algo casi revolucionario para cualquier gobierno: se quitó del medio y dejó que ingenieros, talleres y startups resolvieran el problema. El resultado no fue caos. Fue el ejército de drones más letal y barato del planeta.
Ahora miremos Bolivia. Tenemos filas de kilómetros para conseguir diésel. Tenemos transporte paralizado, cosechas que se pudren, camiones varados. Tenemos, en resumen, una necesidad tan urgente como la que tuvo Ucrania en 2022. La diferencia es que aquí nadie se aparta. Todo lo contrario: el Estado se aferra al monopolio de la importación de combustibles como si fuera lo único que le queda. Los privados podrían importar diésel mañana mismo, con sus propios recursos, sus propias redes, su propio riesgo. Pero no se les permite, porque el negocio —y el control político que representa— es del Estado, y el Estado no está dispuesto a soltarlo ni cuando el país se desangra en una fila.
Ese es el punto ciego del estatismo latinoamericano: confunde control con solución. Un dron ucraniano de 500 dólares destruye un tanque de 5 millones porque nadie tuvo que pedirle permiso a un ministerio para diseñarlo, producirlo y mandarlo al frente en semanas. Un camión cisterna boliviano con diésel importado por un privado podría romper la escasez en cuestión de días, si alguien en La Paz decidiera que resolver el problema importa más que controlarlo.
La paradoja es brutal: los países con más necesidades son, casi siempre, los que más trabas ponen a quienes podrían resolverlas. Bolivia no necesita otro ministerio, otra comisión, otro decreto. Necesita lo mismo que necesitó Ucrania: que el Estado entienda que su función no es fabricar la solución, sino dejar de bloquearla. La guerra le enseñó a Kiev que la burocracia mata más lento que un misil, pero mata igual. La fila del diésel debería enseñarle lo mismo a La Paz.
Un dron de 500 dólares cambió las reglas de la guerra porque el Estado ucraniano soltó las riendas. La pregunta que Bolivia tiene pendiente es simple y filosa: ¿cuánto diésel más tiene que faltar, cuántas horas más de fila, para que alguien en el poder entienda que soltar también es gobernar?
El poder se niega a soltar el monopolio. Incluso cuando la crisis arranca normativas de emergencia para autorizar la importación privada, el gobierno plaga el proceso de candados regulatorios, requisitos de la ANH y burocracia paralizante.
