El caso "Cerimedo-Beller" vuelve a mostrar cómo se maneja el poder en Bolivia: no por las instituciones, sino por lo que Octavio Paz llamó "sociedad cortesana", concepto que muestra cómo detrás de la fachada moderna, sobreviven las viejas formas de poder heredadas de la Colonia, basadas en lealtades personales y no en reglas. Y aunque suene contradictorio, Evo Morales, con su discurso descolonizador, manejó esta lógica cortesana como nadie.
Lo que este escándalo deja al descubierto es que las decisiones importantes se toman en el círculo cercano del gobernante: amigos, asesores y favoritos que no responden a ninguna regla institucional, sino a vínculos de conveniencia y lealtad personal.
El silencio del presidente Rodrigo Paz confirma el diagnóstico. Se limitó a un mensaje de apoyo en redes sociales, sin explicar qué función cumplía realmente su asesor. Eso muestra cómo esta "corte" se cierra y se protege a sí misma antes que someterse a cualquier control institucional.
Octavio Paz decía que incluso los regímenes autoritarios, con toda su hambre de poder, suelen ofrecer al menos una promesa de modernización o bienestar. En Bolivia ni eso aparece: el poder no construye, no distribuye, no se legitima con obra pública ni con reformas. Es un poder que funciona por cercanía, no por ley; por favores, no por instituciones. Un poder sin ninguna justificación más allá de sostener a su propio círculo íntimo.
Es la victoria total de la camarilla sobre el orden constitucional. Ni siquiera se molesta en simular un proyecto de país: se dedica directamente a repartirse cargos y recursos públicos entre los suyos.
Esta sociedad cortesana boliviana funciona con la lógica del privilegio y la impunidad. Las decisiones clave no pasan por ministerios, ni por el Parlamento, ni por ninguna norma administrativa seria. Los que realmente mueven los hilos son operadores en las sombras, asesores extranjeros de dudosa reputación, grupos que se reparten las instituciones, y caudillos de turno. La Constitución queda como un adorno: se usa cuando conviene para justificar abusos y se ignora cuando estorba.
El Estado deja de ser un árbitro que garantiza convivencia y desarrollo y se convierte en botín de guerra. Se gobierna con estructuras paralelas, sin controles republicanos, donde la arbitrariedad reemplaza a la ley.
En Bolivia, la corte se comió a la institución. No hay carrera administrativa ni gente técnica en los puestos clave: hay una rotación de lealtades, como en el feudalismo. Los resultados están a la vista: reservas agotadas, servicios básicos colapsados, inseguridad jurídica y una iniciativa privada asfixiada.
El verdadero desafío no es simplemente cambiar de gobierno en una elección. La pregunta de fondo es si la sociedad civil logrará desmontar este sistema patrimonialista y construir, de una vez por todas, un Estado moderno sometido a la ley. O si seguiremos siendo simples espectadores atrapados en el feudo de una corte que no tiene nada de filantrópica.
En Bolivia, la corte se comió a la institución. No hay carrera administrativa ni gente técnica en los puestos clave: hay una rotación de lealtades, como en el feudalismo. Los resultados están a la vista: reservas agotadas, servicios básicos colapsados, inseguridad jurídica y una iniciativa privada asfixiada.
