La motocicleta levantaba arena detrás de ella, como ocultándola de los transeúntes. Había comenzado la tarde y el sol envolvía con su calor el pueblo fronterizo, pegando la transpiración a las poleras, que terminaban convirtiendo el sudor en barro. Dos hombres la montaban. Uno de ellos, al que le brillaba la frente por la secreción seborreica y que iba detrás del conductor, portaba una metralleta apoyada en su muslo derecho. Aparentemente, no tenía temor de mostrarla; más bien, la exhibía, se diría que casi con orgullo. El conductor llevaba casco; su acompañante, solo una tela que le cubría media cara.
Momentos antes, ambos habían aspirado cocaína para armarse de valor y tenían los cachetes repletos, probablemente, de hojas de coca. El conductor gritó de pronto: «¡Allá está!». El acompañante se bajó de la moto, martillando su metralleta. Corrió apresurado hacia el individuo señalado y, casi a quemarropa, disparó una sola ráfaga que dio en la humanidad del desafortunado joven. Este se desplomó, sin vida, mientras sus acompañantes, algunos heridos, corrían despavoridos en todas direcciones. El hombre volvió apresurado a montarse en la moto y ambos salieron disparados con rumbo desconocido…
¿Lo anterior es ficción? El relato lo inventé, cierto, pero la situación se da en diferentes partes del país y cada vez con mayor frecuencia, tanto que la población va camino a acostumbrarse a escuchar semejante noticia.
Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en producción de coca y es uno de los mayores productores de cocaína del planeta, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta es una realidad incómoda, pero ignorarla no la hace desaparecer. Para abrir los ojos de los bolivianos al tema, debemos entender primero la magnitud real del problema.
Y es que el asunto ya no es cuestión de preguntarse si se produce, fabrica y trafica droga, o si las instituciones del Estado están siendo infiltradas. No. Ya lo sabemos. Y con certeza. Es más: sabemos todos que el narcotráfico está asentado y desplegando sus actividades delincuenciales cotidianamente en el país. Sabemos también a quién se lo debemos. Y sabemos también que aquí han establecido sucursales los cárteles internacionales de drogas. Todo lo del narco ya es de conocimiento público.
Hoy, en Bolivia, el narcotráfico no es un problema lejano ni abstracto. Es una realidad que atraviesa la economía, la política y la vida cotidiana de millones de bolivianos. Y, sin embargo, ¿la sociedad tiende a mirar hacia otro lado? ¿El Gobierno no le presta suficiente atención? Abrir los ojos implica, primero, dimensionar lo que estamos enfrentando.
Las estimaciones internacionales, especialmente de la ONU y de Estados Unidos, señalan que Bolivia produce una parte significativa del comercio mundial de cocaína, pese a que las cifras oficiales bolivianas suelen ser considerablemente menores. Esta brecha entre lo que se reconoce y lo que ocurre es, en sí misma, un reflejo del problema: no podemos combatir lo que no queremos medir.
El narcotráfico no es un «mal menor» ni un fenómeno aislado. Sus efectos se advierten por todas partes: corrupción, que podemos llamar sistémica porque está en la Policía y porque, además, con narcodinero, compra jueces, políticos y militares, erosionando las instituciones desde adentro.
¿No dijo el presidente Rodrigo Paz que el país «arrastra un grado enorme de corrupción»? (sic), ¿aunque aparentemente no se haga nada para remediarlo? Y ahí se inserta también el lavado de dinero, principalmente a través del contrabando y de otras actividades que es mejor no mencionar para no despertar alarmas que después se convierten en amenazas…
Esto último trae a colación la violencia y el crimen, que son actividades ligadas a las del narco en todos sus eslabones. Ni qué decir del daño ambiental producido por la actividad de fabricación de droga o, más temprano, por los cultivos de hoja de coca.
¿Por qué no queremos ver la verdadera dimensión del narcotráfico en Bolivia? Porque la hoja de coca —¿y la cocaína?— son temas que Bolivia ha convertido en parte de su identidad cultural y política. La defensa legítima del acullico (masticado llamado «tradicional») y de los derechos de los productores se han mezclado peligrosamente con la tolerancia hacia el narcotráfico.
Además, el tema se ha politizado tanto que hablar del narcotráfico incomoda a los gobiernos de turno. Suelen desviar la discusión hacia convenios o firmas de intenciones que, al final, son inoperantes, o hacia la culpa de los países consumidores. El resultado es que se minimiza el problema interno mientras se aceptan sus réditos.
¿Es verdad que Cerimedo, el célebre personaje que, aparentemente y según las redes sociales, es capaz de convencer al diablo de que el infierno es frío, dijo que el narcotráfico no se combate, sino que se lo administra? ¿Es esa una corriente política nacional?
