La directora de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, alertó que exigir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que adecuen sus objetivos a los planes de desarrollo del Gobierno restringe la libertad de asociación y expresión de la sociedad civil.
“Cuando se pide que las organizaciones tengan la misma finalidad que el plan de desarrollo del Gobierno de turno, lo que se está diciendo es que la sociedad civil no puede existir por fuera del mandato del Gobierno de turno”, afirmó Goebertus a ERBOL.
La representante de HRW señaló que los decretos sobre el registro de ONG, la renovación de la certificación cada tres años y la posibilidad de aplicar “medidas correctivas” generan riesgos de control estatal.
Advirtió que estas disposiciones son “primeros pasos” de una tendencia regional que ya se observó en países como Nicaragua y Venezuela.
En Bolivia, la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, y el investigador del CEDIB, Miguel Miranda, también cuestionaron el Decreto Supremo 5673. Reynolds alertó sobre mecanismos de supervisión, evaluación y trazabilidad financiera, mientras Miranda advirtió que la adecuación de objetivos a los planes gubernamentales puede generar autocensura.
Miranda señaló que la normativa mantiene restricciones impulsadas durante anteriores gestiones y recordó que, según un informe de UNITAS, entre 2015 y 2025 las ONG nacionales se redujeron en 90% y las internacionales en 76%. Ambos destacaron el papel de estas organizaciones en derechos humanos, medio ambiente y defensa de comunidades, y pidieron diálogo para evitar que la reglamentación limite su autonomía.
