Una mujer sale de un hotel. Dos hombres vestidos de repartidores le disparan varias veces. Todo ocurre frente a cámaras de seguridad. El caso Cerimedo-Beller debería servir para preguntarnos ¿para qué sirven tantas cámaras si, cuando ocurre un hecho grave y aparentemente registrado, el esclarecimiento sigue empantanado en versiones cruzadas, sospechas de encubrimiento y dudas sobre quién ordenó el ataque?
Nos han vendido la idea de que más cámaras significan más seguridad. Que cada lente instalado en una esquina, una carretera o la entrada de un hotel representa una victoria contra el delito. Vivimos bajo la promesa de que ser observados equivale a estar protegidos.
Una cámara puede registrar un delito, exhibir algo absolutamente evidente. Pero una cámara no investiga, no acusa, no juzga ni condena; no puede reemplazar a una policía eficiente, a una fiscalía independiente ni a una justicia confiable. El problema no es cuántas cámaras existen, sino qué instituciones hay detrás de ellas y qué hacen con las imágenes.
China y otros países con enormes sistemas de vigilancia muestran que una sociedad puede ser observada casi permanentemente sin volverse por ello más libre o más segura. La vigilancia masiva acumula información, que equivale a poder, que casi siempre termina concentrado en el Estado, sin ningún beneficio para el ciudadano.
El ciudadano acepta entregar una parte de su privacidad bajo la promesa de recibir mayor seguridad. El Estado obtiene una capacidad cada vez más amplia para saber dónde estamos, por dónde circulamos y qué hacemos. Pero cuando ocurre un hecho grave y el ciudadano espera que toda esa gigantesca infraestructura tecnológica permita conocer la verdad, puede encontrarse con que las respuestas siguen sin llegar.
El caso Cerimedo-Beller representa esa paradoja. No se trata simplemente de preguntarse si había cámaras o si faltaban más cámaras. La cuestión fundamental es por qué, existiendo elementos que deberían contribuir a esclarecer lo sucedido, el caso continúa generando dudas. Y la respuesta probablemente tiene menos que ver con la tecnología que con la confianza que merecen las instituciones encargadas de investigar.
Se pueden instalar mil cámaras más, diez mil, un millón. Se puede registrar lo absurdo y lo evidente. Pero la verdadera seguridad no nace de vivir permanentemente observados, sino de saber que, cuando ocurre un delito, habrá una investigación profesional, transparente y libre de presiones políticas. Unicamente una justicia independiente puede convertir la prueba en verdad judicial. Sin eso, la hipervigilancia termina siendo una promesa incumplida para el ciudadano y una herramienta cada vez más poderosa para el Estado.
La hipervigilancia sin instituciones sólidas no protege al ciudadano: solo fortalece la capacidad del Estado para observarlo. Y esa es la gran paradoja de nuestro tiempo: nunca hubo tantas cámaras mirando todo, y sin embargo, la inseguridad sigue siendo una tarea pendiente.
La verdadera seguridad no consiste en vivir bajo la mirada permanente de un lente, sino en tener la certeza de que, cuando ocurre un delito, las instituciones funcionarán con profesionalismo, independencia y transparencia.
