Hemos repetido tantas veces que la educación pública es gratuita que la mentira terminó pareciendo verdad. No lo es: la paga el ciudadano con sus impuestos. Y tampoco es "pública", si por eso entendemos que pertenece a la gente. En la práctica pertenece al Estado, que decide qué se enseña, cómo se enseña y qué queda fuera del programa. Algo que debería estar en manos de las familias termina bajo el control de una burocracia.
Murray Rothbard lo resumía en una pregunta simple: ¿quién debe ser el principal responsable de educar a un niño, los padres o el Estado? Los padres conocen a sus hijos, sus talentos, sus dificultades, sus intereses. El Estado no.
El Estado, además de administrar escuelas, impone uniformidad: mismos programas, misma estructura, como si todos los niños fueran iguales. No lo son. Igualar a la fuerza termina perjudicando tanto a los que podrían ir más rápido como a los que necesitan otro ritmo. La escuela deja de adaptarse al alumno; el alumno se adapta al sistema.
Hay algo aún más delicado: toda educación transmite valores y una visión del mundo. Que el Estado tenga el monopolio de decidir qué piensan millones de niños es peligroso, sin importar el color político de turno. Los gobiernos cambian, pero los contenidos que instalan pueden marcar a una generación entera. Ahí está la otra cara de "pública": no es de todos, es de quien gobierna.
Se suele defender el sistema actual con un argumento válido: los niños pobres también tienen derecho a estudiar. Cierto. Pero garantizar ese derecho no exige que el Estado sea dueño de las escuelas ni controle los contenidos. Puede financiar al estudiante mediante becas o bonos educativos, dejando que el dinero siga al alumno y no a la burocracia. Eso habilitaría algo que el monopolio impide: la competencia. Las escuelas tendrían que esforzarse por atraer familias, mejorar resultados y cuidar a sus docentes.
Conviene distinguir dos cosas. Una es que el Estado proteja a un niño de la violencia o el abuso: función legítima. Otra, muy distinta, es que se convierta en tutor de su formación intelectual.
La educación no debería fabricar ciudadanos obedientes al sistema, sino personas capaces de pensar por sí mismas. Por eso el debate real no es entre ricos y pobres, ni entre escuela pública y privada. Es entre monopolio y libertad de elección.
Si queremos educación de calidad, hay que dejar de preguntar cuánto puede controlar el Estado y empezar a preguntar cuánto pueden decidir las familias. Porque ni es gratuita —la pagamos todos— ni es pública en el sentido que importa: no responde a la gente, responde a quien la administra. Nuestros hijos no pertenecen al Estado. Pertenecen a sus familias y, sobre todo, se pertenecen a sí mismos.
La educación "pública" no es gratis —la pagan los impuestos— ni es realmente de la gente: la controla el Estado, que decide qué y cómo aprenden nuestros hijos. El verdadero debate no es rico contra pobre ni público contra privado, sino monopolio contra libertad de elección de las familias.
