Canadá acaba de dar una lección que trasciende ampliamente el comercio internacional. El gobierno de Mark Carney decidió suspender sus negociaciones comerciales con Estados Unidos antes que aceptar condiciones que consideraba injustas y contrarias al interés nacional. La decisión tiene un costo. EE. UU. es, por enorme distancia, el principal mercado canadiense, y una confrontación prolongada puede significar menos inversiones, fábricas cerradas, empleos perdidos y precios más altos.
Sin embargo, ocurrió algo extraordinario: una amplia mayoría de los canadienses respaldó a su gobierno. Una encuesta de Angus Reid encontró que el 76 % consideraba correcto abandonar las negociaciones antes que aceptar un mal acuerdo. Incluso una mayoría de quienes habían votado por el opositor Partido Conservador apoyaba la decisión. No es que los canadienses sean indiferentes al costo. Muchos temen por sus empleos y su economía. Pero parecen entender que hay momentos en que defender el interés nacional exige aceptar sacrificios personales.
¿Por qué una sociedad puede reaccionar así mientras Bolivia encuentra enormes dificultades para hacerlo? La pregunta es urgente. Bolivia necesita decisiones económicas e institucionales dolorosas. Recuperar la estabilidad fiscal, corregir distorsiones, reconstruir reservas, reformar empresas públicas, recuperar la independencia de las instituciones y restablecer la seguridad jurídica inevitablemente afectará intereses. Cualquier gobierno boliviano sabe lo que puede ocurrir, pero el temor a la convulsión social termina postergando decisiones que, más bien, agravan la situación. Un primer ejemplo de ello es que el Gobierno tendrá que eliminar el subsidio al diésel; de lo contrario, haría peligrar el préstamo del Fondo Monetario Internacional. La gente percibe que es una imposición del FMI o «de la derecha» y que es una política neoliberal. Neoliberal o no, es necesario, aunque su legitimidad se ve mellada porque no se ha originado en el seno mismo del Gobierno.
Una primera diferencia con Canadá está en las instituciones y la confianza.
El ciudadano acepta más fácilmente un sacrificio cuando cree que las reglas se aplican a todos, que los tribunales son independientes, que las estadísticas son confiables y que los recursos públicos no terminarán financiando corrupción o privilegios. Cuando esa confianza desaparece, surge una conducta comprensible, pero destructiva: cada grupo intenta proteger lo suyo antes que lo de los demás.
La segunda diferencia es el liderazgo.
Gobernar no consiste en descubrir qué quiere escuchar la población y ofrecérselo. En momentos críticos significa decir verdades desagradables. Un gobierno que pide sacrificios debe explicar claramente: esto costará; estos sectores serán afectados; estas serán las compensaciones; estos son los resultados que buscamos y estos indicadores permitirán comprobarlos. Y después debe rendir cuentas. Sin información creíble, el sacrificio parece abuso. Con transparencia y resultados verificables, puede convertirse en un esfuerzo colectivo.
La tercera diferencia está en la sociedad civil.
Bolivia posee una extraordinaria capacidad de organización sectorial, pero una débil capacidad de acción colectiva. Transportistas defienden a transportistas; cooperativistas, a cooperativistas; empresarios, a empresarios; sindicatos, a sus afiliados; regiones, a sus regiones. Defender intereses particulares es legítimo. El problema aparece cuando un sector considera legítimo imponer enormes costos al resto del país para protegerlos. Una carretera bloqueada representa perfectamente esta distorsión: unos centenares pueden impedir trabajar, producir, viajar o comerciar a cientos de miles. Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿quién representa al ciudadano que no bloquea?
Existe, además, una dimensión más profunda: la erosión de normas y valores públicos. Reconstruir Bolivia exige, por tanto, mucho más que cambiar autoridades. Hay que comenzar por la educación cívica, más allá de enseñar los símbolos patrios. Hay que reconstruir los valores morales; el mensaje es sencillo: honestidad, cumplimiento de la ley, trabajo y disciplina, cuidado de lo público, mérito, entre otros. Pero sus frutos aparecerán dentro de diez o veinte años. Por lo tanto, necesitamos, simultáneamente, una campaña nacional, intensiva y sostenida durante años para reconstruir los valores ciudadanos. El Gobierno puede impulsarla, pero no apropiársela. Deben participar universidades, empresas, gremios, sindicatos, colegios, iglesias, medios de comunicación, organizaciones sociales, municipios y gobernaciones.
Todo esto nos llevará a reconstruir el sentido de nación. Patriotismo no es solamente cantar el himno o emocionarse con la bandera. Patriotismo también significa aceptar el costo de una decisión que, personal o sectorialmente, perjudica cuando comprendemos que beneficia al país. El sector privado —por ejemplo, la agroindustria y los transportistas— no debería oponerse a eliminar la subvención al diésel y exigir, al mismo tiempo, reducir el déficit fiscal. Eso es válido también para las autoridades nacionales y subnacionales. Cada actor debería contribuir con propuestas que tengan alta probabilidad de lograr consensos, como la importación de diésel por el sector privado, y no limitarse a oponerse. La propuesta de una reforma parcial presentada por el partido LIBRE es otro ejemplo.
Pero gobernar consiste precisamente en hacer hoy aquello que evita un desastre mañana y tener el liderazgo para explicarlo y convencer. Canadá está demostrando que una sociedad puede cerrar filas, incluso ante un costo económico, cuando cree que existe algo superior que defender. Bolivia necesita recuperar esa capacidad.
