El Reino Unido endureció este martes su política hacia Israel al prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada y anunciar nuevas restricciones contra empresas y personas vinculadas a su expansión. La decisión provocó una inmediata reacción del Gobierno israelí, que anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este.
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, comunicó las medidas ante el Parlamento y aseguró que no están dirigidas contra el pueblo israelí, sino contra las políticas relacionadas con los asentamientos. Londres sostuvo que busca preservar la posibilidad de una solución de dos Estados y frenar la expansión territorial israelí en Cisjordania.
Miliband acusó además a algunos colonos israelíes de participar en acciones que calificó como “limpieza étnica” contra palestinos y sostuvo que el Gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante estos hechos. También advirtió que Londres sancionará a empresas y particulares que contribuyan a la expansión de los asentamientos mediante la construcción, financiación o prestación de servicios.
El Gobierno británico también prohibirá la publicidad en su territorio de determinados asentamientos considerados ilegales. Miliband insistió en que las medidas están dirigidas contra los asentamientos y su expansión, y no constituyen un boicot general a Israel ni buscan afectar las relaciones comerciales con el Estado israelí.
Israel respondió con medidas de represalia. El canciller Gideon Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, acusó a Londres de interferir en las elecciones israelíes previstas para finales de octubre y calificó de “mentira escandalosa” la acusación británica de que existe una política de limpieza étnica contra los palestinos.
Saar anunció además la prohibición de entrada a Israel de 11 parlamentarios británicos, entre ellos Jeremy Corbyn y Diane Abbott, y comunicó el retiro de representantes británicos de un centro de apoyo para Gaza coordinado por Estados Unidos. También puso fin a actividades británicas destinadas a entrenar a fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania.
La disputa se produjo pese a las advertencias de funcionarios israelíes y estadounidenses sobre las consecuencias de las sanciones. El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó la decisión británica como un “grave error de cálculo”, mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Washington no seguirá el camino adoptado por Londres.
La posición británica, sin embargo, no quedó aislada. Los ministros de Exteriores de 12 países —Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia— emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su intención de imponer restricciones al comercio con los asentamientos considerados ilegales.
Los gobiernos firmantes defendieron la preservación de la solución de dos Estados y reclamaron a Israel detener la expansión de los asentamientos. Algunos anunciaron medidas nacionales, mientras otros respaldaron posibles restricciones europeas a la importación de productos procedentes de esos territorios.
La decisión británica recibió el respaldo de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch consideró que la prohibición de importar productos de los asentamientos y las sanciones representan un cambio positivo en la política británica, mientras ActionAid UK calificó la medida de significativa, aunque tardía.
También surgieron críticas dentro del Reino Unido. El Consejo de Liderazgo Judío calificó la decisión de “profundamente irresponsable” y sostuvo que el Gobierno británico estaba exponiendo a los judíos del país a una mayor vulnerabilidad al adoptar las restricciones comerciales contra productos procedentes de los asentamientos.
El trasfondo de la disputa es el futuro de Cisjordania y la viabilidad de un Estado palestino. Desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967, Israel ha construido cerca de 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 israelíes, mientras alrededor de 3,3 millones de palestinos viven en esos territorios. El Gobierno británico sostiene que la expansión de los asentamientos amenaza con hacer inviable una solución de dos Estados.
