Bolivia no necesita competir por la inversión internacional ofreciendo simplemente impuestos más bajos. Necesita una fiscalidad capaz de dar certeza a quienes invierten desde el exterior y a las empresas bolivianas que buscan operar en otros mercados. En una economía pequeña y abierta, la política tributaria internacional debe formar parte de la estrategia de crecimiento, exportación y creación de empleo.
La evidencia acumulada por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirma que la calidad institucional y la certidumbre regulatoria son factores tan importantes como la propia carga tributaria a la hora de atraer inversiones.
Cuando una empresa compara destinos, no observa únicamente la tasa del Impuesto sobre las Utilidades. También analiza las retenciones aplicables a dividendos, intereses, regalías y servicios; la posibilidad de sufrir doble imposición; las normas de precios de transferencia; y la rapidez con la que puede resolver una controversia. Un incentivo atractivo sobre el papel pierde valor si su interpretación cambia, exige trámites excesivos o genera años de litigio.
Bolivia cuenta con convenios bilaterales para evitar la doble imposición con Argentina, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Suecia, además del régimen aplicable en la Comunidad Andina con Colombia, Ecuador y Perú. Es una base útil, pero limitada para una economía que necesita diversificar sus socios comerciales. Ampliar y modernizar esta red, con prioridades definidas por los flujos reales y potenciales de inversión, reduciría obstáculos y ofrecería mayor seguridad a las operaciones transfronterizas.
Firmar convenios, sin embargo, no basta. Es necesario aplicarlos de manera uniforme, agilizar los certificados de residencia fiscal y establecer procedimientos claros para acceder a sus beneficios. También convendría desarrollar mecanismos eficaces de acuerdo mutuo que permitan resolver a las administraciones litigios fiscales internacionales sin obligar al contribuyente a mantener disputas prolongadas en dos países.
Los precios de transferencia constituyen otro pilar para la inversión de las multinacionales en el país. Bolivia ya exige documentación sobre operaciones entre empresas vinculadas, pero el objetivo no debería reducirse a imponer formularios y sanciones. La regulación debe concentrarse en el análisis de los modelos de negocio y las cadenas de valor, los riesgos relevantes, admitir metodologías consistentes con la realidad de cada sector y ofrecer certeza anticipada para proyectos complejos. Una fiscalización técnicamente sólida protege la recaudación sin convertir cada operación intragrupo en una fuente de conflicto.
La agenda también debe revisar el tratamiento de rentas y sus pagos al exterior. Retenciones elevadas o reglas poco claras pueden encarecer el financiamiento, la tecnología y los servicios especializados que necesita la producción nacional. Esto no significa renunciar a gravar rentas generadas en Bolivia, sino diseñar reglas equilibradas, comprensibles y coordinadas en la normativa interna y en los convenios internacionales para evitar costos fiscales desproporcionados. Con ello se evitaría que un modelo de tributación desproporcionado y descoordinado termine alejando capital y conocimiento.
La economía digital añade un desafío. Los servicios pueden prestarse desde otro país sin una presencia física tradicional, mientras las empresas bolivianas tienen oportunidades crecientes de exportar software y conocimiento. La respuesta no debe ser una sucesión de medidas aisladas, sino una estrategia compatible con los estándares internacionales que preserve la recaudación y evite nuevas barreras para los emprendedores locales.
La hoja de ruta puede ser gradual. En el corto plazo, Bolivia debería simplificar los procedimientos tributarios, digitalizar certificados y devoluciones y publicar criterios interpretativos vinculantes. En el mediano plazo, correspondería ampliar la red de convenios, fortalecer los equipos especializados y crear mecanismos preventivos para los precios de transferencia. A largo plazo, el país debe participar activamente en la cooperación tributaria internacional y adaptar sus normas con estabilidad, transición suficiente y diálogo con los sectores afectados.
Sectores como la agroindustria, la minería, la energía y los servicios digitales requieren capital, tecnología y acceso a mercados. Para atraerlos, Bolivia necesita algo más valioso que una ventaja fiscal temporal. Requiere reglas previsibles durante toda la vida de la inversión. Los incentivos, cuando existan, deberían ser transparentes, temporales y vinculados a resultados verificables, como empleo formal, exportaciones, innovación o transferencia tecnológica.
La fiscalidad internacional debe proteger la base tributaria boliviana, pero también facilitar la integración económica. Recaudar y competir no son objetivos incompatibles si las normas son claras y la Administración actúa con capacidad técnica. El verdadero desafío no consiste en ofrecer el impuesto más bajo, sino en construir un sistema confiable para quienes decidan invertir, producir desde Bolivia y llevar sus bienes y servicios al mundo.
*Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad Complutense de Madrid
Fernando Serrano Antón
