
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia sobre el monitoreo de cultivos de coca 2025 reportó un aumento de la superficie cultivada en el Trópico de Cochabamba y un descenso en Los Yungas de La Paz. A nivel nacional, los cultivos llegaron a 36.400 hectáreas, un 7% más que en 2024.
“Estas diferencias exigen intervenciones ajustadas a cada región con justicia y eficacia, sin estigmatizar a las comunidades. (...) Estos datos son realmente preocupantes y tenemos el desafío de hacer mejor las cosas. El nuevo gobierno asume el desafío urgente de recuperar la capacidad de intervención institucional”, señaló el ministro de Gobierno, tras el informe de incremento del 22% registrado en el Trópico y la reducción del 4% en Los Yungas.
Según el informe, los cultivos en el Trópico de Cochabamba pasaron de 14.275 a 17.471 hectáreas, mientras que en Los Yungas disminuyeron de 19.230 a 18.430 hectáreas. En el norte de La Paz, la superficie cultivada aumentó 4%.
El monitoreo también muestra una reducción en el volumen de hoja de coca que pasó por los mercados autorizados. En 2025 se comercializaron 26.424 toneladas métricas, 11% menos que las 29.636 toneladas registradas en 2024.
La diferencia es más marcada en el Trópico: solo el 9% de su producción potencial pasó por el mercado autorizado de Cochabamba, mientras que en los Yungas y el norte de La Paz el mercado de La Paz concentró el 74% de la producción potencial. El informe también reportó precios de hasta $us 17,8 por kilo en La Paz y $us 12,1 en Cochabamba.
El informe señala que la superficie cultivada en Bolivia pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. Con este resultado, el país supera en 14.400 hectáreas el límite de 22.000 establecido para la producción autorizada.
La UNODC recomendó fortalecer el control de la expansión de cultivos, especialmente en zonas donde se registran incrementos sostenidos, además de mejorar la coordinación institucional y los mecanismos de control social.
Ante estos resultados, el Gobierno presentó la Política Antidroga 2026-2030, que plantea reducir progresivamente los cultivos excedentarios e ilegales y diferenciarlos de la producción legal y los usos tradicionales de la hoja de coca. La estrategia también contempla acciones contra las estructuras criminales, sus finanzas y su logística.