Cuba cerró agosto con 1.339 presos políticos, la cifra más alta registrada en décadas, según el informe mensual de Prisoners Defenders. Durante ese mes se incorporaron 19 nuevos casos y se produjeron siete bajas, lo que elevó en 12 personas el número neto de detenidos respecto de julio.
El informe señala que, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, fueron incorporados 281 nuevos presos políticos, el mayor incremento registrado en un período de 12 meses durante los últimos tres años. El promedio supera los 23 nuevos casos mensuales.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, denunció que la represión en la isla alcanza incluso a personas que reclaman servicios básicos. “Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel”, afirmó, al describir una situación en la que también se castiga a familiares de los detenidos.
Del total registrado, 155 son mujeres, una cifra que la organización considera récord en décadas. La lista incluye además a 38 personas que fueron detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 continúan encarceladas.
Desde las protestas de julio de 2021, Cuba acumula 2.167 personas que han pasado por prisión por motivos políticos, de acuerdo con el recuento de la organización. De ellas, 2.020 ingresaron en prisión después de las manifestaciones de ese año.
Prisoners Defenders también denunció que las consecuencias de la represión se extienden a madres, padres, hijos y otros familiares mediante amenazas, sanciones económicas, vigilancia, encarcelamientos simultáneos y separación de las familias.
Uno de los casos citados es el de Doraikis Delgado González, detenida el 7 de julio después de transmitir en directo una protesta vecinal en La Habana por los apagones. Permanece en prisión provisional y está acusada de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”.
Otro caso es el de Sady Reynaldo Companioni, detenida el 28 de agosto después de denunciar durante más de dos semanas la falta de agua en su vivienda. Según la organización, su familia llegó a recoger agua de lluvia para beber y la mujer fue detenida delante de su hija de seis años.
El informe también alerta sobre la situación de Christian de Jesús Crespo Álvarez, un adolescente de 16 años detenido durante protestas contra los apagones. Según Prisoners Defenders, contrajo hepatitis en prisión y las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.
La organización reportó además 463 presos con patologías médicas graves y 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental. Según Larrondo, la falta de alimentación, los malos tratos y la ausencia o negación de atención médica agravan las condiciones de los detenidos.
Entre los casos denunciados figura Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Su familia sostiene que fue golpeado en agosto después de negarse a realizar trabajos incompatibles con su estado de salud y que posteriormente se le negó un examen médico.
Prisoners Defenders también denunció la situación de Carlos Alberto McDonald Ennis, condenado a siete años de prisión pese a padecer cáncer maxilofacial. La organización sostiene que durante su encarcelamiento se le negó atención médica y que necesita completar un tratamiento de radioterapia.
Según la metodología de la organización, de los 1.339 presos políticos registrados, 807 son convictos de conciencia, 495 condenados de conciencia y 37 están clasificados como otros presos políticos. Larrondo afirmó que los casos documentados no son excepcionales, sino ejemplos de una situación que, según su denuncia, afecta de manera habitual a los presos políticos en Cuba.
