El expresidente del Gobierno de España, José Luiz Rodríguez Zapatero, ha pedido a la Audiencia Nacional de su país que acuerde excluir del caso Plus Ultra las gestiones que el juez le atribuye ante Bolivia para favorecer presuntamente a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros, al sostener que el material policial procede de hechos ajenos a la causa, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa en 200.000 euros la cantidad que José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido entre 2024 y 2025 como contraprestación por intervenir ante el Ejecutivo boliviano en favor de Grupo Gloria, una compañía peruana con procedimientos judiciales abiertos en aquel país, de acuerdo con la documentación examinada.
El recurso presentado ante la Sala de lo Penal reclama que se retire del procedimiento la extracción del informe de la Policía Nacional sobre esas actuaciones. La defensa del expresidente considera que esa información “se refiere a hechos ajenos” a la investigación y que no deriva directamente de los documentos incorporados a la causa.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que el análisis policial dibuja “una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica”, Alega que el juez instructor no autorizó previamente el acceso y tratamiento de esos datos mediante una resolución motivada.
La UDEF concluyó que el supuesto pago se justificó mediante “un contrato simulado con una sociedad interpuesta”, Focus Social Research, por servicios de asesoría. Los agentes señalaron que la compañía solo aparece para la firma del contrato y el abono de las facturas, sin referencias a trabajos de gestión o asesoramiento prestados en su favor.
Según el informe policial, Zapatero habría realizado gestiones para lograr una reunión entre directivos de Grupo Gloria y autoridades de Bolivia. La UDEF indicó que el expresidente se reunió o contactó con figuras de las altas esferas políticas del país, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, ministros de Economía y Justicia y el procurador general del Estado.
Los encuentros presenciales se produjeron durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. Los investigadores sostienen que el objetivo era mediar o influir en favor de Soboce, empresa perteneciente al grupo peruano en litigios millonarios con la Administración Pública boliviana.
El 25 de junio pasado, el expresidente de Bolivia, actualmente recluido en el penal de San Pedro de La Paz, negó tráfico de influencias en el caso Soboce. «No se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a Soboce en relación a este caso con Fancesa, pues la última palabra debe ser emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)», señaló en aquella ocasión.
Agregó que los vínculos con Zapatero en el 2024 fueron de carácter institucional y político, vinculados a la coyuntura, entre ellos la posición intransigente de Evo Morales, en un contexto de división del Movimiento Al Socialismo (MAS).
