Hay países pobres porque no tienen recursos. Y después está Bolivia: un país capaz de tener oro debajo de los pies, extraerlo por toneladas, contaminar sus ríos para sacarlo y finalmente quedarse con las migajas. Eso no es economía. Es prestidigitación: el arte de realizar juegos de manos y trucos visuales para entretener al público.
Mientras buscamos desesperadamente dólares, resulta que precisamente debajo de las piedras tenemos oro. Bolivia registró oficialmente una producción de 53,3 toneladas en 2022 y 46,6 toneladas en 2023, de las cuales prácticamente la totalidad —46,3 toneladas— correspondió a cooperativas mineras.
Entonces hagamos una pregunta incómoda: ¿cuánto oro sale realmente de Bolivia? ¿40 toneladas? ¿50? ¿60? No afirmemos lo que el propio Estado parece incapaz de controlar con certeza. Averigüémoslo.
Porque si fueran 60 toneladas anuales —hipótesis que merece investigarse—, con el oro alrededor de US$4.385 la onza troy, estaríamos hablando de aproximadamente US$8.460 millones al año. Para que quede claro: ocho mil cuatrocientos sesenta millones de dólares.
Y aquí comienza el absurdo. Mientras Bolivia mendiga divisas, pierde reservas, necesita dólares para importar combustibles y busca financiamiento externo, podríamos tener una extraordinaria fábrica natural de reservas internacionales funcionando debajo de nuestros pies. Pero aparentemente nadie encuentra la llave.
Al 31 de agosto de 2026, el Banco Central reportaba aproximadamente 24,3 toneladas de oro en sus reservas, valoradas en unos US$3.457 millones. Es decir, si Bolivia estuviera extrayendo entre 50 y 60 toneladas anuales, nuestro subsuelo podría producir cada año más del doble del oro físico que actualmente integra las reservas del BCB.
Entonces la pregunta deja de ser económica para convertirse casi en sentido común: ¿por qué esa riqueza no está ayudando mucho más a Bolivia?
La Ley 535 contempla regalías que pueden alcanzar el 7% para determinadas categorías de oro, mientras que el oro natural en escama proveniente de yacimientos marginales explotados por pequeña minería puede estar sujeto a una alícuota del 2,5%.
La realidad recaudatoria resulta todavía más reveladora: según cálculos de CEDLA, en 2020 el oro generó aproximadamente US$1.263 millones en valor de producción y apenas unos US$34 millones en regalías: alrededor del 2,7%. ¡Fantástico negocio! Especialmente si uno no es Bolivia.
Mientras cooperativas, comercializadoras, intermediarios, inversionistas y capitales extranjeros participan del negocio, los más de once millones de verdaderos propietarios del recurso observamos cómo sale la riqueza y nos quedamos con la contaminación.
Hagamos las cosas al revés. El oro debería ser declarado RECURSO ESTRATÉGICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DE BOLIVIA. No propongo expropiar inversiones legítimas ni desconocer derechos adquiridos. Propongo algo mucho más revolucionario en este país: que el dueño del recurso sea también su principal beneficiario.
El productor debe ganar, recuperar su inversión, costos, maquinaria, trabajo, tecnología y riesgo, además de obtener una rentabilidad razonable. Pero no puede suceder que Bolivia ponga el subsuelo, el recurso natural y el daño ambiental… y sea la última en cobrar.
Llamemos a esto OPERACIÓN RESERVA DE ORO.
Primero: control absoluto de la producción. Cada yacimiento georreferenciado, cada operador identificado, cada máquina registrada y cada gramo pesado. Desde la mina hasta la comercializadora, la fundición y finalmente el Banco Central o la exportación: ni un gramo sin trazabilidad.
Segundo: utilizar a las Fuerzas Armadas como custodios estratégicos, no como empresarios mineros. No necesitamos generales manejando dragas ni coroneles vendiendo lingotes. Necesitamos presencia estatal donde hoy prácticamente no existe. Fiscalización minera, tributaria y ambiental deben permanecer en manos de las instituciones correspondientes. Donde exista explotación ilegal, contrabando o saqueo, debe entrar el Estado.
No es una guerra contra los mineros. Es una guerra contra quienes le roban a Bolivia. Todo para que EL ORO VUELVA A BOLIVIA.
Tercero: una proporción importante del oro producido debería tener oferta prioritaria al Banco Central, mediante mecanismos transparentes y precios vinculados a la cotización internacional. El productor recibe sus costos y una utilidad competitiva; las regiones, sus regalías; otra parte financia la recuperación ambiental y una proporción sustancial se convierte en reservas internacionales.
Cuarto: formalización. Quien explote oro boliviano deberá registrarse, tributar, demostrar el origen de su capital, declarar su producción, respetar las normas ambientales y aceptar trazabilidad completa.
¿Chinos, colombianos, peruanos, brasileños o bolivianos? Me importa poco el pasaporte. El problema es sacar riqueza boliviana sin que Bolivia sepa cuánto salió, quién la sacó, cuánto pagó y dónde terminó. Quien quiera oro boliviano, que invierta, tribute y respete las leyes bolivianas.
Y existe una factura que nadie quiere mirar: el mercurio. Nos llevamos el oro y dejamos el veneno. Toda operación aurífera debe responder económicamente por la recuperación ambiental, el tratamiento de aguas, el manejo del mercurio y la restauración de las áreas intervenidas.
Porque si después de sacar miles de millones de dólares dejamos ríos contaminados, bosques destruidos y poblaciones afectadas, no estamos explotando oro: estamos hipotecando Bolivia.
Quizás sea hora de dejar de buscar desesperadamente dólares debajo de las piedras. Levantemos las piedras. Porque debajo… HAY ORO.
