A inicios de este mes Brújula Digital publicó una nota exclusiva que reveló que cuatro reconocidas exautoridades y asesores en la gestión del presidente Evo Morales fueron contratados por el actual gobierno.
Hubo varias repercusiones sobre el caso, y a diferentes niveles, pero no fue hasta este martes que se pudo conseguir una opinión del Ejecutivo. “No conozco que en el Código Penal ni en el Código Civil (diga) que haber sido parte del Movimiento al Socialismo sea un delito”, dijo al respecto el vocero José Luis Gálvez.
Este medio conoció que el exministro de Comunicación Manuel Canelas, la exviceministra de la misma cartera Leyla Medinaceli, además de los exasesores Pablo Cingolani y Walter Chávez, todos durante los gobiernos de Morales, fueron contratados a inicios de este año por el Ministerio de Economía. Aunque se les pagó con fondos de organismos internacionales, su presencia fuer un pedido expreso del entonces titular de esa cartera José Gabriel Espinoza.
“Si hay alguna acusación específica para con esas personas, por favor, presenten la denuncia y sigan el proceso correspondiente. Cualquier denuncia será bienvenida”, agregó Gálvez en una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas de la coyuntura.
El vocero luego remarcó que “es deseable que el cambio en el Estado pudiera ser más acelerado, en términos de contar con otros recursos humanos que puedan ocupar las funciones”. Posteriormente, y aclarando que hablaba a título personal, agregó: “necesitamos transformar el Estado, pero no solamente en un cambio de personas (…). Necesitamos cambiar la política, el sentido de la política; tiene que ser un servicio público y no necesariamente una lucha entre políticos, no necesariamente una búsqueda del bienestar de los políticos, sino que en realidad debe ser pensado en la gente”.
Sin hacer referencia explícita, Gálvez remarcó que los cuatro exfuncionarios masistas no fueron contratados con dinero del Estado o de manera directa por el Ejecutivo: “como parte del gobierno y del Estado, no se ha contratado los servicios de esas personas. No las hemos tomado; yo al menos, como parte del gobierno y de la presidencia”, y luego insistió en que una observación valedera sería si hay pruebas de conducta irregular contra los referidos. “Si hay alguna observación concreta para con ellos y para con cualquiera que haya cometido algún delito, alguna infracción, esperamos que las presenten”.
