Hay quienes ya se están frotando las manos esperando que llegue el 18 de septiembre, cuando concluye el estado de excepción, para volver a los bloqueos. Bolivia tiene una lamentable tradición de convertir octubre en un mes fatídico para la política y la vida del país. Es como si cada año se activara un reloj que nos recuerda que en algún momento habrá que paralizar las carreteras, cerrar los caminos, impedir que la gente trabaje y volver a aplicar esa fórmula suicida que los bolivianos conocemos tan bien.
Después de los 53 días de bloqueo que sufrió el país en mayo y junio, resulta perfectamente lógico que la gente apoye la continuidad del estado de excepción y que el Gobierno esté pensando en ampliarlo. Bolivia es otra sin bloqueos, cuando las carreteras están expeditas, los camiones pueden circular, los productos llegan a los mercados y la gente puede dedicarse a trabajar sin tener que averiguar cada mañana qué carretera está cerrada.
Una reciente encuesta del Instituto Boliviano de Comercio Exterior registra un rechazo del 96% a los bloqueos y demuestra que la ciudadanía ya entendió que los bloqueos no perjudican al gobierno, sino al ciudadano, especialmente a los más pobres.
Al país no lo hacen los políticos, ni los movimientos sociales, ni los sindicatos. Bolivia la hace la gente que trabaja, que produce, que transporta, que vende, que estudia y que, pese a todos los problemas, se las ingenia para salir adelante. Lo hace incluso cuando no hay diésel, cuando faltan dólares, cuando la inflación aprieta y cuando el gobierno se mantiene paralizado e indolente ante la crisis. La política boliviana tiene una enorme capacidad destructiva y una muy limitada capacidad constructiva. Un bloqueo puede destruir en semanas lo que miles de personas construyeron durante años.
Por eso hay que apoyar, sin ninguna duda, el fin de los bloqueos. Pero aquí aparece la otra cara del problema. ¿A quién beneficia el estado de excepción? Evidentemente beneficia a la gente porque evita que unos cuantos puedan paralizar el país. Pero también puede terminar favoreciendo la inoperancia de un gobierno que, mientras no existan protestas ni bloqueos, puede sentirse tranquilamente liberado de la presión. La pregunta del millón es ¿qué va a hacer el Gobierno durante ese período de tranquilidad?
Porque hasta ahora el sacrificio se le está pidiendo fundamentalmente a la gente. Se le pide que pague más caro el combustible, que soporte la eliminación de los subsidios, que aguante la inflación, la escasez de dólares y las dificultades económicas. Se le pide, además, que no bloquee, que no proteste y que tenga paciencia. Todo eso puede ser necesario para sacar al país de la crisis, pero entonces también corresponde preguntar cuándo le toca al Gobierno poner de su parte.
El estado de excepción no puede convertirse en una especie de permiso para que el Gobierno no haga nada. La tranquilidad de las carreteras debe servir para que la gente trabaje, pero también para que el Gobierno gobierne. No puede ocurrir que, con bloqueo, el país se paralice y, sin bloqueo, se paralice el Gobierno.
¿A quién beneficia el estado de excepción? Evidentemente beneficia a la gente porque evita que unos cuantos puedan paralizar el país. Pero también puede terminar favoreciendo la inoperancia de un Gobierno que, mientras no existan protestas ni bloqueos, puede sentirse tranquilamente liberado de la presión.
