Sebastián Marset dijo alguna vez que era “mucho más inteligente que toda la junta de la DEA” y viendo lo que ocurre hoy, cuesta no admitir que es muy astuto. El narcotraficante tomó la decisión de refugiarse en Bolivia y durante años encontró algo que difícilmente podía conseguir en otro lugar: seguridad, protección, negocios y un Estado incapaz de cerrarle el paso.
Después de todo lo ocurrido, Bolivia todavía parece ofrecer condiciones demasiado favorables para el crimen organizado. Mientras Colombia, Perú y Ecuador endurecen sus estrategias contra las estructuras criminales, aquí los narcos parecen no haberse enterado de que existe un plan llamado Fronteras Seguras. Porque si se enteraron, sencillamente no le tienen ningún respeto.
El plan lleva semanas en funcionamiento, se desplegaron cientos de policías y se anunció coordinación con Brasil. Sin embargo, en San Ignacio de Velasco cuatro personas fueron asesinadas en menos de 48 horas y otros crímenes violentos se registraron en Beni y Santa Cruz. Uno de los últimos asesinatos ocurrió incluso mientras las víctimas realizaban una transmisión en vivo.
El conteo de este año ya supera las 43 muertes por ataques armados, y Santa Cruz concentra casi dos tercios de esa cifra. Nada de esto sugiere que el crimen organizado se encuentre contra las cuerdas, como se repite en los discursos.
El diagnóstico de la Fundación Milenio agrava el panorama: Bolivia ya no es sólo territorio de tránsito de cocaína, sino también de producción y acopio, con redes descentralizadas donde conviven clanes locales y organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho.
El problema no se resuelve cambiándole el nombre a los operativos ni anunciando nuevos despliegues después de cada asesinato. El Estado necesita una política criminal seria. Y eso comienza por reconocer una realidad innegable: buena parte de la estructura institucional que durante años permitió el crecimiento del narcotráfico sigue intacta. La Policía necesita depuración, equipamiento, inteligencia, logística y autoridad. No puede enfrentar organizaciones que tienen más dinero, mejores armas y redes de información superiores a las de los propios organismos encargados de combatirlas.
Tampoco alcanza con enviar militares cuando la sangre ya está en el suelo. La presencia de las Fuerzas Armadas debe formar parte de una estrategia permanente, coordinada con una Policía fortalecida y una inteligencia criminal capaz de identificar a quienes mandan, financian y protegen a los sicarios.
¿Existe realmente la decisión de enfrentar al crimen organizado? Combatirlo exige algo más que planes y arengas. Exige ética, autoridad, depuración institucional y valentía para tocar intereses enquistados dentro del propio Estado. También exige terminar con las ambigüedades respecto al control territorial y asumir seriamente herramientas como el Escudo de las Américas y la cooperación internacional.
Las familias de Santa Cruz no pueden seguir esperando el próximo asesinato para que el Estado reaccione. Fronteras Seguras tiene que dejar de ser un titular y convertirse, de una vez, en una política que realmente incomode al crimen organizado.
