Bolivia está hablando de cambiar la Constitución y, si de verdad queremos progresar, la discusión no puede limitarse a modificar artículos o redistribuir el poder. La pregunta central es qué país queremos construir y qué leyes lo harán posible, porque las leyes pueden ser una plataforma para la prosperidad o una trampa para el desarrollo.
Estados Unidos ofrece una lección valiosa. Su ascenso como potencia no se explica solo por sus recursos naturales, su territorio, la inmigración, la esclavitud o su posterior condición imperial. Una parte decisiva estuvo en algo menos espectacular: sus instituciones jurídicas. En el siglo XIX crearon leyes que facilitaron constituir empresas, reunir capitales, proteger a los accionistas y emprender grandes proyectos, transformando la manera de organizar empresas y movilizar capital.
Sus legisladores entendieron que el derecho no sirve solo para castigar a quien infringe una norma; también crea incentivos. Una buena ley hace que invertir, producir, contratar, innovar y competir resulte más fácil y seguro. Una mala ley logra exactamente lo contrario.
Bolivia debe mirar su Constitución desde esa perspectiva. La actual CPE reconoce la propiedad y la iniciativa privadas, pero las inserta en una economía plural donde el Estado tiene amplias atribuciones económicas y estratégicas que terminan arrinconando a las empresas. El problema no es reconocer derechos en el papel, sino que la incertidumbre, la discrecionalidad, la excesiva intervención y la inseguridad jurídica hagan que producir legalmente sea más difícil que sobrevivir al margen de la norma.
Aquí aparece una de las peores herencias del evismo. Evo Morales resumió una vez su filosofía: primero hacer las cosas, aunque sean ilegales, y después conseguir que los abogados las legalicen. No fue una simple ocurrencia, sino una concepción devastadora del Estado de derecho: primero el hecho consumado, después la ley.
Así, en Bolivia se termina premiando a quien ocupa, bloquea, invade, presiona o incumple, mientras el ciudadano que invierte, paga impuestos, contrata trabajadores y cumple las reglas carga con el costo de la burocracia y la incertidumbre. Esto perjudica especialmente a los pobres: el empresario grande puede contratar abogados, gestores y especialistas, mientras que el pequeño emprendedor abandona, se desmotiva o ni siquiera empieza.
Cambiar la Constitución no debería significar sustituir un modelo político por otro, sino construir un marco jurídico que premie la legalidad, proteja efectivamente la propiedad, garantice los contratos, limite la arbitrariedad del Estado, facilite la creación de empresas y convierta la inversión privada en aliada del desarrollo.
Rodrigo Paz tarda demasiado en cambiar el marco legal boliviano. Puede hablarse de reformas económicas, de combustible, de déficit o de inversión, pero mientras las reglas fundamentales sigan generando incertidumbre y no premien claramente la producción y la legalidad, estaremos intentando cambiar los resultados sin cambiar las reglas del juego.
Cambiar la Constitución no debería significar sustituir un modelo político por otro, sino construir un marco jurídico que premie la legalidad, proteja efectivamente la propiedad, garantice los contratos, limite la arbitrariedad del Estado, facilite la creación de empresas y convierta la inversión privada en aliada del desarrollo.
