El estado de excepción vuelve a estar en el centro del debate político boliviano. De manera inusitada, tenemos, en los hechos, una continuidad excepcional sin pausa. La Asamblea Legislativa Plurinacional acaba de prolongar la medida extrema por otros 90 días, con 100 de 158 votos. La nueva prórroga comienza el 20 de septiembre.
No es la primera vez que en Bolivia se prolonga, de manera continua, un régimen de excepción. En 1995, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el estado de sitio —denominado así en ese tiempo—, decretado el 18 de abril por 90 días, fue prorrogado el 17 de julio por otros 90 días, sin interrupción.
Treinta y un años después, Bolivia vuelve a experimentar una situación semejante. Salvando las distancias, las condiciones también presentan similitudes: descontento social y amenazas de convulsión.
El estado de excepción tiene, además, una larga genealogía. Sus antecedentes se remontan a la República romana, cuando, frente a situaciones extremas, se conferían poderes extraordinarios y temporales para preservar el orden republicano. Siglos después, el jurista alemán Carl Schmitt convirtió la excepción en un problema central de la teoría política. Sostenía que, cuando la normalidad jurídica resulta incapaz de enfrentar una situación extraordinaria, el poder debe tomar una decisión excepcional para restablecer el orden.
La paradoja es enorme. Una figura concebida para actuar fuera de la normalidad terminó incorporándose a la propia arquitectura constitucional. Hoy, alrededor del 90% de las constituciones del mundo contienen disposiciones para enfrentar estados de emergencia. La excepción dejó así de ser solamente una ruptura de la normalidad para convertirse también en una institución regulada por la propia Constitución.
Y eso es precisamente lo que ocurrió con el primer estado de excepción. El Gobierno estaba en peligro. El acelerado desgaste provocado por la “gasolina basura” —el talón de Aquiles del Gobierno— y el enorme descontento social generado por la crisis fueron aprovechados por Evo Morales y dirigentes sindicales de los llamados “movimientos sociales”, que durante el régimen masista gozaron de prebendas y privilegios. Aprovecharon el malestar para organizar una conspiración orientada a derribar al Gobierno y forzar la renuncia de Rodrigo Paz. A mi juicio, aquello no fue simplemente una protesta social: fue un intento de golpe de Estado.
Sin exagerar, y utilizando términos precisos, Evo Morales y esos dirigentes —entre ellos destacaron los “ponchos rojos” de la Federación Tupac Katari— organizaron un intento de golpe de Estado que, afortunadamente, fracasó. La conjura era directa: querían la renuncia de Rodrigo Paz y la convocatoria a nuevas elecciones.
Los 53 días del bloqueo tenían ese objetivo. Los daños fueron de gran magnitud y afectaron especialmente a quienes menos capacidad tenían para soportarlos: las clases populares fueron las que más perdieron.
El 20 de septiembre se cumplen los primeros 90 días del estado de excepción. Entonces surgen las preguntas: ¿tiene sentido ampliarlo? ¿Permanece la situación extraordinaria?
Para responder con alguna precisión debemos identificar, en principio, si las condiciones son las mismas.
Hay, al menos, dos factores que se deben observar. En primer lugar, el descontento social. El descontento es la gasolina de la convulsión. Es como un campo minado: mientras mayor sea la acumulación de malestar, menor es la distancia que separa una protesta de una nueva explosión social.
Y la respuesta parece clara: el malestar no ha desaparecido. El descontento social se acumula día a día, no solo por la escasez de combustibles, sino también por los casos de corrupción. Como sostuve en una anterior columna, después del caso Cerimedo-Beller, el Gobierno no tiene un solo gramo de legitimidad.
Luego está un segundo factor que siempre ha colocado a Bolivia en situaciones extremas: Evo Morales. Nunca ha aceptado estar lejos del poder. Libre o confinado en el Chapare, conspira permanentemente. Para octubre, él mismo anticipó que se estaban preparando “grandes cosas”. Quiere, cuanto antes, el fin del Gobierno y está dispuesto a pactar con el diablo.
Precisamente, a la finalización de los primeros 90 días del estado de excepción, se preparaba un segundo intento de golpe de Estado. Octubre era el mes indicado. En Bolivia, coincidentemente, todo ocurre en octubre.
¿En esas condiciones era necesario ampliar el estado de excepción? Frente a la pluralidad de posturas, yo respondería con otra pregunta: ¿qué puede suceder en Bolivia si no se amplía?
De todos modos, el estado de excepción no puede convertirse en una forma ordinaria de gobierno. La democracia constitucional acepta la excepción como instrumento para preservar el orden, pero precisamente bajo la condición de que siga siendo excepcional.
*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.
