Los empresarios petroleros del país han hablado sin anestesia. No han exagerado el diagnóstico ni han intentado maquillar la realidad con expectativas amplificadas. Por el contrario, han pintado un cuadro de horror sobre el presente y el futuro energético de Bolivia. Y lo más preocupante es que la situación parece ser todavía peor de lo que muestran muchos estudios e informes oficiales.
Los números son brutales. De los 24 o 25 taladros que llegaron a operar simultáneamente en los mejores años, hoy queda apenas uno perforando. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) pasó de tener más de 100 empresas afiliadas a unas 50. En lo que va del año se perdieron cerca de 2.000 empleos y el Estado acumula una deuda superior a los 300 millones de dólares con empresas operadoras.
El dato más aterrador está en el gas. Bolivia llegó a producir 60,8 millones de metros cúbicos diarios en 2014 y ahora se mueve alrededor de los 27 millones. Si no cambia la tendencia, el país podría convertirse en importador de gas entre 2028 y 2030.
Este es el resultado de años de abandono de la exploración, reglas poco atractivas, burocracia, incumplimiento de obligaciones y pérdida de confianza. El problema no es que Bolivia haya agotado su potencial geológico. El problema es que ya casi nadie está dispuesto a poner 100 millones de dólares en un pozo exploratorio que puede resultar seco. Para encontrar gas y petróleo hacen falta taladros, capital y reglas confiables. Hoy faltan las tres cosas.
Mientras tanto, buena parte del discurso político sigue hablando de recuperación, inversiones y grandes anuncios, como si bastara con proclamar el renacimiento del sector para que aparezcan los dólares y comiencen a perforarse pozos. El presidente Rodrigo Paz ha anunciado una nueva Ley de Hidrocarburos y nuevas inversiones, pero el problema exige mucho más que anuncios.
La comparación médica utilizada por los propios empresarios es reveladora: el sector está en terapia intensiva. Quizá habría que ir todavía más lejos: el paciente se encuentra prácticamente en estado comatoso y necesita una intervención de emergencia. Y aquí no hay espacio para tratamientos cosméticos.
La salida tampoco es misteriosa. La CBHE plantea seguridad jurídica, respeto a los contratos, menos burocracia, una nueva Ley de Hidrocarburos y condiciones capaces de competir por capitales con Argentina, Brasil, Colombia y otros productores. También considera que los recursos liberados por la eliminación de la subvención deben dirigirse a inversiones productivas en pozos, instalaciones y refinerías.
El verdadero problema es el tiempo. Una inversión realizada hoy puede tardar entre cinco y siete años en mostrar resultados. Por eso, cada mes perdido no es simplemente otro mes de malas noticias: es otro mes que empuja a Bolivia hacia una dependencia energética mayor.
El país necesita dejar de esconder la realidad detrás de discursos optimistas. Los petroleros acaban de quitarle el maquillaje al enfermo. Ahora corresponde decidir si se lo deja morir lentamente o se actúa con urgencia para salvarlo.
