La reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado son prioridad del Órgano Ejecutivo, establece un nuevo decreto supremo aprobado por el gobierno.
“Se declara de prioridad del Órgano Ejecutivo, la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado”, establece el Decreto Supremo (DS) 5727 que fue aprobado en la medianoche del jueves.
La norma establece que la decisión sobre el futuro de las empresas públicas se asumirá a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), que deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep).
“Una vez recibida la Resolución del Coseep que apruebe el diagnóstico técnico recomendando la reorganización, el ministerio responsable del sector, previa evaluación, efectuará las acciones que correspondan en el plazo máximo de 15 días hábiles, gestionando los instrumentos normativos necesarios para dicha reorganización”.
Si se decide la disolución o liquidación de una empresa, la cartera ministerial deberá presentar en 15 días un proyecto de DS o un anteproyecto de ley ante el Ministerio de la Presidencia.
La norma establece como medida de salvaguarda que el ministerio que reciba la resolución del Coseep deberá notificarla a la empresa pública, que no podrá asumir nuevas deudas, suscribir contratos ni contratar personal, entre otras acciones.
El DS 5727 añade que, en caso de reorganización, las operaciones de la empresa no serán suspendidas.
Antecedentes
El 28 de agosto, la OFEP entregó un diagnóstico de 67 empresas del Estado, en el que se estableció que 20 están en situación crítica y quiebra técnica.
“Como resultado del diagnóstico, se tiene 10 empresas que no continuarán (…) Una de ellas es Datacom. Seguramente el ministro va a dar todos los detalles, pero hay que decir que Bolivia ha sufrido grandes daños económicos”, dijo el mes pasado el director de la OFEP Pablo Camacho a Brújula Digital.
El pasado 15 de julio, el entonces ministro de la Presidencia José Luis Lupo informó que, según los resultados de una investigación preliminar, las empresas estatales acumulan pérdidas por un total de Bs 12.700 millones.
