La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) denunció que un requerimiento judicial por Bs 744,3 millones podría derivar en un proceso de ejecución coactiva que, según la empresa, busca llevarla a la quiebra mientras el Estado mantiene pendiente el pago por la expropiación de sus acciones en Fancesa.
El conflicto surge por una demanda que interpuso Fancesa contra Soboce, por supuesta competencia desleal. Después de un largo litigio, se falló en favor de la empresa chuquisaqueña, pero la privada denunció irregularidades que generarían riesgos financieros y jurídicos para las inversiones en Bolivia.
Soboce informó que fue notificada por el Juzgado Público Civil y Comercial 11° de Sucre con un requerimiento de pago por Bs 744.315.432 a favor de Fancesa, con un plazo de 20 días para cumplir la obligación. Ese es el monto que la justicia le conminó a pagar.
La compañía calificó esa eventual ejecución del monto de "irresponsable", debido a que, según afirmó, la Justicia Constitucional anuló anteriormente la resolución por "graves irregularidades" que no habrían sido reparadas.
Soboce señaló además que está pendiente de resolución, ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una solicitud de medida cautelar para paralizar la ejecución mientras se resuelve una queja por presunto incumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, dictada a favor de la empresa.
La empresa vinculó este proceso con una disputa que mantiene desde hace 16 años por la expropiación de sus acciones en Fancesa. Afirmó que el Estado no habría pagado el justiprecio correspondiente pese a lo establecido.
En ese contexto, sostuvo que la obligación reclamada actualmente constituye una indemnización "insólita y carente de respaldo técnico y legal" con la cual se pretende hacer quebrar a la empresa.
Indicó que el pago de Bs 744,3 millones afectaría su liquidez y capacidad de inversión, así como sus obligaciones con tenedores de bonos, entidades financieras, inversionistas y otros participantes del mercado de valores.
Soboce sostuvo que la medida también podría tener efectos sobre la economía boliviana, el sistema financiero y miles de empleos vinculados a distintos sectores.
La compañía informó finalmente que analiza acciones legales adicionales para defender sus derechos, incluyendo el agotamiento de las instancias nacionales y la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional.
Asimismo, señaló que adoptará medidas para proteger los derechos de sus trabajadores, garantizar la continuidad de sus operaciones y cumplir sus obligaciones con clientes, proveedores, acreedores y tenedores de bonos.
