Hace 25 años, representantes de casi todos los países del hemisferio occidental —con la notable excepción de Cuba— se reunieron en Lima, Perú, para firmar la Carta Democrática Interamericana. Se esperaba que este instrumento dotara a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de las herramientas necesarias para enfrentar las crisis democráticas de la región.
Tras el autogolpe de Alberto Fujimori, la Carta fue concebida para proteger la democracia tanto de gobernantes que aspiraban a convertirse en dictadores como de los militares que habían ejercido el poder durante buena parte del siglo XX. Marcó un cambio importante: un respaldo colectivo a la democracia como forma de gobierno y el compromiso de defenderla cuando estuviera amenazada en cualquier país del continente.
Sin embargo, los sueños de un hemisferio más democrático no se han cumplido plenamente. La región ha sufrido ataques recurrentes contra la democracia y la OEA no siempre ha logrado responder antes de que las amenazas se conviertan en crisis. Incluso, en algunos casos, la organización encargada de defender la democracia ha terminado brindando cobertura a quienes buscan debilitarla.
De los golpes de Estado a la erosión democrática
Desde la aprobación de la Carta, las amenazas a la democracia han cambiado. No todo ha sido negativo: mientras la región fue propensa a las dictaduras militares durante gran parte del siglo XX, hoy ya no existen gobiernos militares y los golpes de Estado tradicionales han disminuido drásticamente.
Desde 2002, solo cuatro países han sufrido la remoción de líderes por fuerzas armadas internas: Venezuela (2002), Haití (2004), Honduras (2009) y Bolivia (2019). Sin embargo, la disminución de los golpes no ha impedido el deterioro democrático.
Según Freedom House, los 34 países que suscribieron la Carta han registrado un descenso en sus puntuaciones al menos en uno de los años posteriores a 2002, y la mitad obtuvo en 2025 una puntuación inferior a la de aquel año.
Las amenazas actuales adoptan formas más sutiles. Algunos gobiernos han intentado perpetuarse mediante reformas constitucionales que concentran poder en el Ejecutivo, eliminación de límites a los mandatos, ataques a los medios, debilitamiento de derechos políticos y humanos y gobiernos mediante decretos y estados de excepción. Estas acciones no siempre provocan un colapso inmediato de la democracia, pero pueden producir un deterioro progresivo que la OEA no logra detener a tiempo.
También las oposiciones han recurrido a mecanismos que pueden generar inestabilidad. Los juicios políticos, aunque forman parte de las instituciones democráticas, han sido cuestionados en casos como los de Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016). En Perú, la sucesión de nueve presidentes durante la última década evidencia las dificultades de estabilidad institucional.
En otros casos, dirigentes opositores han rechazado resultados electorales e intentado revertirlos mediante protestas, desinformación o mecanismos jurídicos. Estados Unidos (2021), Brasil (2023) y Guatemala (2024) muestran distintas formas de interferencia en procesos electorales y de transición, aunque en ninguno de esos casos se logró revertir el resultado de las urnas.
Fortalecer la defensa democrática
El 25.º aniversario de la Carta ofrece una oportunidad para revisar sus limitaciones. El documento fue diseñado para enfrentar amenazas que eran más comunes hace 25 años y partía del supuesto de que los gobiernos coincidirían sobre qué constituía una interrupción o alteración inconstitucional del orden democrático. Esa coincidencia hoy no existe: las crisis suelen interpretarse desde perspectivas ideológicas y de interés nacional.
Si la OEA y sus miembros quieren fortalecer la defensa democrática, deberían actualizar la Carta para enfrentar nuevas formas de erosión institucional. Esto implica reforzar los mecanismos de prevención y no limitarse a actuar cuando las crisis ya están instaladas.
También sería necesario crear mecanismos que permitan a sectores de la sociedad invocar la Carta, y no únicamente a los presidentes, así como establecer un organismo independiente de seguimiento capaz de advertir y denunciar retrocesos democráticos, siguiendo un modelo similar al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El aniversario de la Carta Democrática Interamericana debe servir para reflexionar sobre el estado de la democracia y el multilateralismo en las Américas. La erosión democrática persiste y los mecanismos regionales no siempre han logrado contenerla. Si la región quiere preservar su tradición de gobierno democrático, deberá encontrar nuevas formas de defenderlo colectivamente, incluso cuando quienes deberían protegerlo sean quienes lo amenazan.
*Adam Ratzlaff es fundador y director ejecutivo de Pan-American Strategic Advisors, un centro de pensamiento y consultora especializado en el hemisferio occidental, y miembro de The Expert Network (TEN) de World in 2050, de Diplomatic Courier.
