Estados Unidos revocó o restringió este lunes las visas de 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en una nueva política migratoria que contempla también medidas contra sus familiares directos.
La decisión tiene especial alcance en Bolivia, donde Washington revocó las visas de 12 personas y estableció restricciones para otras nueve que, en términos generales, podrían quedar impedidas de obtener una visa estadounidense en el futuro.
Entre los afectados bolivianos figuran fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario. La medida incluye además una designación pública contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, por presuntos actos de corrupción vinculados, según Estados Unidos, con actividades de narcotráfico.
El Departamento de Estado afirmó que Mariaca habría abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y permitir que personas vinculadas con delitos violentos evitaran enfrentar a la Justicia.
Washington sostuvo además que las acciones atribuidas al fiscal general ponen en peligro los esfuerzos de la administración de Donald Trump contra el denominado narcoterrorismo y perjudican las instituciones democráticas que Bolivia se comprometió a fortalecer.
La designación contra Mariaca fue aplicada bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense de asignaciones para seguridad nacional y asuntos internacionales, que permite imponer restricciones a funcionarios extranjeros cuando Estados Unidos considera que existen evidencias creíbles de corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.
De manera general, el Departamento de Estado justificó las restricciones migratorias mediante la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite impedir el ingreso de extranjeros cuando su presencia pueda generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado, que afirmó que la política también permite actuar contra personas que, mediante corrupción o narcotráfico, “socaven a un gobierno elegido democráticamente”.
En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, mientras que en Perú Estados Unidos revocó la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Circuito Constitucional de Lima, además de aplicar la medida a sus familiares directos.
Ecuador también fue incluido en la medida, con dos ciudadanos afectados cuyos nombres no fueron divulgados por el Departamento de Estado. Washington señaló que las restricciones podrán ampliarse a otras personas a medida que aparezcan nuevas evidencias.
Estados Unidos vinculó la operación con el denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por la administración Trump para reforzar la cooperación regional contra organizaciones criminales, narcotráfico y otras amenazas a la seguridad, y sostuvo que las nuevas medidas forman parte de un mecanismo permanente para coordinar acciones con gobiernos aliados.
La decisión se produce después de que Washington reforzara durante septiembre su cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El Departamento de Estado advirtió que continuará utilizando las restricciones migratorias y otras herramientas disponibles contra extranjeros que, según sus evaluaciones, representen una amenaza para la seguridad, el Estado de derecho o las instituciones democráticas de la región.
