Rodrigo Paz dedicó parte de su mensaje ante la ONU y de su agenda en Estados Unidos a presentar a Bolivia como país abierto a la inversión. Es correcto. Sin capital y tecnología será imposible recuperar el crecimiento, crear empleo y generar las exportaciones que deben proporcionarnos los dólares que necesitamos.
Paz anunció gestiones para movilizar 10.000 millones de dólares en financiamiento externo y proyectó llevar las reservas a esa cifra en dieciocho meses. Pero crédito no es inversión privada y reservas no son ingresos permanentes. Los préstamos dan oxígeno y pueden financiar infraestructura, pero no reemplazan una economía que produce y exporta. Como una familia, un país no puede vivir indefinidamente de préstamos. Esos recursos deberán administrarse con eficiencia y honestidad para crear capacidad productiva.
Se difundió una separata de doce páginas sobre Bolivia en USA Today. La intención de promover al país es comprensible. Pero hasta la mejor campaña se convierte en un mal gasto si anuncia una Bolivia abierta a la inversión que todavía no existe. La publicidad puede despertar interés, pero no fabrica confianza.
Porque invitar no es atraer.
El capital escucha las invitaciones, pero compara países ycalcula riesgos antes de elegir Cada inversión es un voto de confianza expresado con dinero.
Las cifras muestran el resultado. En 2025 Bolivia recibió 620 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso significa que de cada cien dólares que llegaron a Latinoamérica y el Caribe, apenas 32 centavos vinieron a nuestro país. Paraguay, más pequeño y también mediterráneo, recibió 1.180 millones.
El capital llegó a la región, miró a Bolivia y siguió de largo.
Inspirar confianza exige ocho seguridades: jurídica, física, política e institucional, económica, regulatoria y tributaria, financiera y cambiaria, social y operativa, y energética y logística. Esto supone propiedad y contratos protegidos, reglas estables, divisas disponibles, ausencia de bloqueos y avasallamientos, combustibles e infraestructura.
Un contrato sirve de poco si la empresa no puede conseguir dólares, abastecerse de diésel o llevar su producción hasta el mercado.
Antes de preguntar por el capital extranjero, miremos al nacional. Cuando los ahorros bolivianos se refugian en bienes raíces, en dólares o en cuentas en el exterior, expresan la desconfianza de quienes mejor conocen el país.
Aquí aparece el problema central.
La Constitución de 2009 reconoce la propiedad privada y la libertad de empresa. Pero la propia Constitución condiciona esas garantías al entregar al Estado la dirección de la economía, el control de sectores estratégicos y amplias facultades para actuar como empresario.
El Estado dicta las reglas y compite en el mercado. Reconoce a la empresa privada, pero la subordina a sus propósitos. Proclama la independencia judicial, aunque politiza la preselección de magistrados.
El cerrojo es mayor en los hidrocarburos. La Constitución concentra en YPFB la cadena productiva, reduce al inversionista a prestador de servicios, somete los contratos a aprobación legislativa y excluye el arbitraje internacional. Mientras cae la producción de gas, nos aproximamos raudamente a una crisis energética.
No se trata de privatizar nuestros recursos. El Estado puede conservar su propiedad, cobrar impuestos y regalías, así como asegurar el abastecimiento interno. Nada de eso exige que YPFB realice por sí sola toda la cadena productiva.
Bolivia no tiene sólo un problema de falta de capital. Tiene un problema de exceso de poder político: un poder que no encuentra límites institucionales suficientemente eficaces.
Una ley de inversiones puede reducir trámites y ofrecer incentivos, pero ninguna ley ordinaria puede contradecir la Constitución ni desmontar los monopolios establecidos en el propio texto constitucional.
Por eso, la reforma constitucional ya no es una inquietud académica; es una necesidad económica. Podemos discutir si corresponde una reforma parcial, una nueva Constituyente o la restitución actualizada de la Constitución de 1994. Lo que no deberíamos discutir es laurgencia de cambiar una estructura que institucionaliza la desconfianza.
Tozudamente he venido insistiendo en que, para salir de la crisis, es imperativo un gran esfuerzo de concertación política, social y territorial. Hoy parece remoto. Los dardos entre el presidente y los principales líderes revelan un ambiente poco propicio.
Pero un acuerdo constitucional no es un pacto de amistad ni una tregua para repartirse el poder. Precisamente porque desconfían, los dirigentes deberían acordar los límites que reclaman cuando gobierna su adversario.
La Constitución de 2009 nació de un proyecto de poder: el Socialismo del Siglo XXI. Su reforma no puede convertirse en otro proyecto de poder de signo contrario. Debe ser el resultado de un acuerdo nacional.
El presidente puede recorrer el mundo anunciando que Bolivia está abierta a la inversión. Pero la confianza no llegará en el equipaje de regreso.
La inversión vendrá cuando ya no sea necesario creerle aningún Gobierno, porque se podrá confiar en la fortaleza de las instituciones.
