El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador económico fundamental para quienes buscan entender los primeros movimientos del ciclo de precios, después de adoptar —como en esta ocasión— medidas económicas determinantes. A partir del IPP se puede identificar la evolución de los precios desde su origen hasta llegar al consumidor final.
Cuando se revisa una estructura de costos y los factores que intervienen en el proceso de producción, se identifica, al mismo tiempo, la influencia de otros costos, probablemente también incrementados (cadena del IPP), y cómo presionan sobre el costo del producto en cuestión.
En pocas palabras, si el IPP de un productor sube, es probable que el precio al consumidor aumente, ya sea de inmediato o en el corto plazo. Así sucede en Bolivia, cuyo gobierno decidió eliminar la subvención al diésel y subió el precio de Bs 9,80 el litro a Bs 17,95 (83 %), en un país además afectado por la desvalorización del peso boliviano. La subida intempestiva del diésel impactará con efectos intensos en todos los sectores de la economía nacional.
Los asesores y economistas del Gobierno han tenido que calcular anticipadamente el impacto de sus decisiones y elaborar alternativas para responder a las demandas de los sectores directamente afectados; también deben detectar diferencias entre aumentos naturales y distorsiones especulativas, frecuentes en estos casos. Porque el IPP es como un pronóstico que marca hoy lo que los precios mostrarán mañana. “El IPP mide lo que el productor ve antes de que el consumidor lo sienta”.
En algunos países, como Estados Unidos y México, este índice es publicado por instituciones oficiales. En Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo calcula, pero lo difunde muy poco.
Al haberse reajustado el precio del diésel, es inevitable esperar que el “efecto combustible” incida de inmediato en el flete de un quintal de arroz desde Santa Cruz a La Paz, de una bolsa de cemento desde Sucre a Santa Cruz o de un saco de harina desde Yacuiba a Oruro. Y, por supuesto, en el precio del transporte de personas.
Por ejemplo, si la industria alimentaria experimenta un alza en el precio del trigo o la leche, esto incrementará el precio de productos como el pan o el fideo.
Y, ya que el momento llegó, es útil también hablar del Índice de Precios al por Mayor (IPM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El IPM se manifiesta en el precio de salida (venta) a los primeros agentes que intervienen en las rutas del mercado —de la fábrica al mayorista—, el primer eslabón de la cadena comercial, y permite luego observar cómo evoluciona, en lo que se conoce como “correa de propagación de costos”, hasta llegar al consumidor final.
Por eso, el IPP puede ser un predictor temprano de presiones inflacionarias, lo que permite a los gobiernos ajustar su política antes de que el problema se agrave. En la relación entre el IPP y la inflación, lo habitual es que esos aumentos se trasladen con el tiempo a los bolsillos de los ciudadanos y sean registrados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que se refleja en el costo de vida de los consumidores, cada vez más indefensos por los desaciertos de sus gobernantes.
