Con el objetivo de garantizar la transparencia, independencia y el debido proceso, los presidentes del Senado, Diego Ávila y de Diputados, Roberto Castro, pidieron que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, se aparte temporalmente del cargo, mientras se aclaran las acusaciones en su contra lanzadas públicamente desde Estados Unidos.
El pronunciamiento de las cabezas de ambas cámaras surgió tras la decisión del gobierno norteamericano de negarle a Mariaca la entrada a su país, luego de acusarlo explícitamente de pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. El Departamento de Estado justificó la decisión al considerar que las presuntas acciones de Mariaca ponen en peligro los esfuerzos de Donald Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan a las instituciones democráticas de Bolivia.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, señaló Ávila.
“En resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones, consideramos que es necesario que mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, agregó.
Ávila y Castro pidieron al gobierno de Rodrigo Paz, que mediante la Cancillería se solicite a la administración norteamericana la información oficial, documentación y antecedentes que tenga para realizar dichos señalamientos.
También solicitaron al vicepresidente Edmand Lara la convocatoria urgente a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el tema en el orden del día, con el fin de activar los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se presenten los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, puntualizó el presidente de Diputados, al remarcar que la respuesta institucional debe ser igual frente a cualquier persona sin importar el cargo. Agregó que si se comprueban los delitos deben aplicarse las sanciones previstas por ley.
Más temprano, el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, también consideró que Mariaca debe renunciar para no afectar la transparencia e investigación que abra el Ministerio Público.
