En el campo las cosas son claras y sin rodeos: “Vaca que no da ternero, va directo al matadero”. Así piensa un buen criador de ganado: el que cuida no solo su economía, sino la de su familia, la de sus colegas y la supervivencia misma de la producción. El mal ganadero se encariña con sus animales. Les tiene pena y, bajo esa falsa sensibilidad, echa todo a perder. Pierde la hacienda, se van los animales buenos junto con los malos, cae en la quiebra y termina perjudicando al gremio completo.
El gobierno de Rodrigo Paz actúa exactamente como ese mal ganadero. Parece perdidamente encariñado con las empresas estatales. Sabe muy bien que son deficitarias y que no sirven para nada. Lo ha comprobado con una montaña de informes, auditorías y diagnósticos técnicos que solo confirman lo que cualquier ciudadano a pie ya sabe. Sin embargo, insiste en darles una oportunidad más. Lo único que han demostrado ser estas empresas son vacas para ordeñar corrupción y máquinas diseñadas para engordar la burocracia, pagando sueldos enormes a consultores y burócratas cuya única función es verificar lo evidente.
Basta de estudios, de diagnósticos de la OFEP y de comités como el COSEEP. Frente al problema, el Estado hace lo único que sabe hacer: crear más estructuras, más comités, comisiones y más instancias normativas. Todo esto porque, en el fondo, ningún gobierno —sea de izquierda o de derecha— quiere admitir abiertamente que el Estado es un pésimo administrador. Por puro dogma se empeñan en demostrar que lo público funciona, incurriendo en una paciencia suicida que sigue escarbando en un terreno donde solo se encuentra ineficiencia, pérdidas y malas decisiones.
Ahí está el caso de Emapa, donde las autoridades insisten en mantener en funcionamiento un adefesio institucional bajo el pretexto de que "ya no da pérdidas", cuando se sabe de sobra que lo público en Bolivia suele convertirse en un botín para el despilfarro. Al no liquidar de golpe estos lastres y perderse en plazos administrativos, decretos y reorganizaciones, lo único que logra el Ejecutivo es alargar la agonía y seguir dándoles espacio para dilapidar los recursos de todos los bolivianos.
Los números no dejan lugar a dudas. De 67 empresas públicas, 15 están en quiebra técnica y acumulan pérdidas por Bs 2.655 millones. Otras 14 deben más de Bs 16.000 millones en créditos. Con ese dinero se pudieron construir escuelas, hospitales y sistemas de agua potable. En cambio, se gastó en plantas de café y de limón que nunca funcionaron.
La economía no resiste sentimentalismos ni tibiezas. Un país sumido en el déficit fiscal no puede darse el lujo de mantener estructuras muertas que devoran el presupuesto nacional. O se tiene la firmeza para mandar al matadero fiscal lo que no produce, o el lastre de esas empresas deficitarias terminará arrastrando a la quiebra a toda la economía boliviana.
