El más preocupado por la sanción de Estados Unidos al fiscal general Roger Maríaca debería ser Rodrigo Paz. Y no por una cuestión personal, sino política e institucional. Paz acaba de regresar de Estados Unidos, donde se reunió con Marco Rubio, participó en la agenda del Escudo de las Américas y habló precisamente de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Rubio calificó el encuentro de “productivo” y señaló que Bolivia es un socio regional de importancia crítica.
Apenas unos días después llega el balde de agua fría: Washington sanciona a Maríaca y a otros funcionarios bolivianos dentro de una ofensiva regional que alcanza a personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso de Mariaca, Estados Unidos lo acusa de corrupción vinculada al narcotráfico, de recibir sobornos de narcos y de obstaculizar esfuerzos contra el crimen organizado. Son acusaciones de una gravedad política inocultable.
El mensaje para Paz parece tener tres dimensiones. La primera: el problema del narcotráfico y su penetración institucional no desapareció con el cambio de gobierno. El cambio del MAS a Paz no ha significado automáticamente que hayan desaparecido las estructuras, relaciones y funcionarios con estrechos vínculos con las mafias, a las que han protegido durante dos décadas.
El segundo mensaje es todavía más incómodo: ¿qué ha hecho realmente el nuevo Gobierno para desmontar esas estructuras? Maríaca no es un funcionario cualquiera, es una de las autoridades más poderosas del país. Su permanencia al frente del Ministerio Público significa que una pieza central del aparato judicial sigue en manos de una autoridad que ahora es objeto de acusaciones extremadamente graves.
La tercera advertencia es muy delicada: el problema ya está tocando las puertas del propio Gobierno. Porque Maríaca, en su defensa, no se limitó a rechazar la sanción. También anunció que continuará investigando casos políticamente sensibles. Al mencionar el caso de Fernando Cerimedo, las narcomaletas, la narcomadera y otros asuntos polémicos, introduce inevitablemente a la administración de Paz en el campo de discusión. Ha sido casi un mensaje de supervivencia: si caigo yo, hay cosas que pueden salir a la luz.
La sanción a Mariaca y a otros 12 bolivianos habla de una trama criminal que sigue enquistada en las instituciones nacionales. Se trata de trama de funcionarios, intereses, silencios, investigaciones pendientes y posibles complicidades que deben ser investigadas y desmanteladas por Rodrigo Paz.
Washington acaba de poner una lupa sobre Bolivia. Y la lupa no apunta únicamente a Maríaca. Por eso Paz debería entender la sanción como una triple advertencia: el problema institucional sigue ahí; su Gobierno todavía tiene pendiente desmontarlo; y la paciencia de Washington con determinadas estructuras parece haberse terminado. Maríaca es el nombre de la noticia, pero todo lo que implica a su alrededor es mucho más significativo. Para hablar en términos futbolísticos, la pelota ahora está en la cancha de Rodrigo Paz.
Washington acaba de poner una lupa sobre Bolivia. Y la lupa no apunta únicamente a Maríaca. Por eso Paz debería entender la sanción como una triple advertencia: el problema institucional sigue ahí; su Gobierno todavía tiene pendiente desmontarlo; y la paciencia de Washington con determinadas estructuras parece haberse terminado.
