El ex ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, reapareció en la escena pública promocionando su libro, “Procesos Constituyentes y Destituyentes en Sudamérica”. Entre conceptos gramscianos, habla de “legitimidad democrática”, pero en realidad es parte de una estrategia de activación de los que podríamos llamar “voceros autoritarios”.
Hablamos de figuras ligadas al régimen híbrido que imperó en Bolivia por 19 años o a otras dictaduras aliadas, que procuran desgastar al nuevo periodo democrático en el país, sobre todo a nivel internacional, mediante la producción de narrativas que apuntan a victimizar a los sectores sindicales violentos, estigmatizar como antipopulares a los esfuerzos de reforma del modelo estatal agotado y a preparar la justificación de eventuales intentos desestabilizadores a corto o mediano plazo.
En la obra, que de acuerdo a su autor le insumió “seis años de investigación”, Del Castillo analiza los ciclos políticos, lo que él llama “acumulación de poder popular” y la “dinámica de las transformaciones institucionales en la región”. En el eje de sus postulados está la distinción entre “procesos constituyentes”, cuando los sectores de su afinidad logran construir una hegemonía y “refundar el Estado”, y los “procesos destituyentes”, como el que Bolivia viviría en la actualidad, un “interregno” que sólo puede conducir a un nuevo ciclo de luchas hasta la retoma del poder.
Más allá de la apoyatura general en el materialismo histórico aplicado a la política latinoamericana, se muestra como un discípulo de Álvaro García Linera, siguiendo los lineamientos del “marxismo comunal” o indianista acuñado por el ex vicepresidente, así como por el uso de categorías del pensamiento de Antonio Gramsci, que su referente ideológico empleó con asiduidad.
Obviamente, el libro interpreta las tensiones políticas como un reflejo de la confrontación entre las clases dominantes y el “bloque popular”, retomando nociones del marxismo que conciben al Estado como un ente nada neutral, sino como una estructura institucional que se disputa o transforma según la correlación de la fuerza de clases reinante (el “comité administrativo de la burguesía”).
Otro punto de continuidad entre Del Castillo y García Linera es la preocupación por cómo “petrificar y codificar las victorias de la calle” en estructuras estatales estables. Es decir, por cómo asegurar la permanencia para su nueva clase burocrática, en caso de que tengan otra “oportunidad histórica”.
Teorías aparte, no podemos dejar de remarcar la contradicción entre quien habla de “legitimidad democrática” pero tuvo una gestión fuertemente cuestionada por las violaciones a los derechos humanos y la judicialización de la política, habiendo sido como Ministro de Gobierno el principal operador en las detenciones arbitrarias de una ex presidente de la república y de un gobernador, entre otros casos.
Con su nuevo libro, Del Castillo intenta aportar a la campaña de desinformación sobre Bolivia que llevan adelante los “socialistas del siglo XXI”. Su noción sobre el Estado como un campo que no puede ser imparcial o plural, sino necesariamente hegemónico, denota la persistencia de un pensamiento antidemocrático que, de reincidir en el ejercicio del poder, conduciría a los mismos resultados autoritarios.
