Como ciudadana y gerente de Comercialización de una empresa importadora de carburantes, quiero expresar una preocupación que compartimos muchos empresarios que trabajamos dentro de la legalidad: en Bolivia, participar en el mercado de combustibles se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde las reglas no siempre parecen aplicarse con la misma claridad.
Regular un sector estratégico es necesario. El país necesita controles, calidad, trazabilidad, seguridad y transparencia. Lo que cuestiono es que, bajo el argumento de regular, se creen barreras y demoras que terminan asfixiando a quienes apostamos por invertir, importar y generar empleo.
La propia Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publica precios referenciales para la importación de carburantes destinados al mercado interno. En julio de 2026, por ejemplo, el precio referencial del diésel importado fue establecido en USD 1,73 por litro. Si el Estado abre la posibilidad de importar, también debe garantizar condiciones claras, transparentes y previsibles para que esa importación pueda convertirse efectivamente en abastecimiento.
De poco sirve abrir la puerta a la importación privada si, una vez que las empresas asumen el riesgo, invierten capital y cumplen las exigencias regulatorias, encuentran obstáculos que dificultan que ese combustible llegue oportunamente al consumidor.
Cuando una empresa cumple los requisitos, obtiene las autorizaciones correspondientes y presenta toda su documentación, pero aun así encuentra obstáculos para entregar legalmente un producto a su consumidor final, surge una pregunta legítima: ¿estamos ante una regulación necesaria o ante un sistema que termina protegiendo intereses y privilegios?
No digo que exista una “mafia” como hecho probado. Pero sí considero legítimo advertir sobre el riesgo de que redes de intereses puedan condicionar el acceso a un mercado tan sensible. Cuando las reglas son poco claras y las decisiones parecen depender más de influencias que de la norma, la confianza empresarial se destruye.
El mayor perjuicio lo reciben los pequeños y medianos empresarios. Tenemos menos espalda financiera para soportar una cisterna detenida, días de espera, producto inmovilizado, costos adicionales o contratos incumplidos. Cada demora tiene un costo real: salarios, transporte, proveedores, clientes y empleos.
Bolivia necesita una regulación transparente, uniforme, previsible y aplicable por igual. Necesitamos autoridades que controlen sin convertirse en una barrera para quienes quieren trabajar, invertir y competir.
Como empresaria, no pido privilegios: pido reglas claras, procedimientos respetados e igualdad ante la norma. El combustible es demasiado importante para que su comercialización dependa de zonas grises, silencios administrativos o intereses particulares.
Si queremos inversión y abastecimiento, debemos construir un mercado donde el empresario formal sea parte de la solución y no termine convertido en una víctima de la burocracia.
Hoy alzo la voz con respeto, pero con firmeza: regular no puede significar bloquear. Controlar no puede significar asfixiar. Y ninguna estructura de poder, formal o informal, debería estar por encima de la ley.
