La aprehensión del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, no es un simple escándalo judicial. Es la radiografía terminal de una nación carcomida hasta los tuétanos por la corrupción. Que la máxima autoridad encargada de perseguir el delito termine acusada de encabezar una red de protección al crimen organizado y al narcotráfico cruza cualquier frontera de la ficción. Es un caso de puro surrealismo trágico, donde el guardián de la ley se convierte en el escudero de la impunidad. La imagen de cientos de fajos de billetes incautados en la casa del funcionario es grotesca sólo imaginables en las series de narcos, tan populares en las plataformas digitales.
Bolivia está en fase de metástasis, cuando el cáncer prácticamente no tiene remedio. La captura de Mariaca revela que la descomposición ha invadido hasta la última fibra de la institucionalidad. Durante años nos vendieron la ilusión de una justicia independiente, mientras en las sombras se tejían negociados, sobornos e infiltraciones mafiosas que hoy avergüenzan al país. Lo verdaderamente alarmante es que el andamiaje del Estado masista sigue intacto, operando bajo las mismas dinámicas de complicidad que permitieron que personajes de semejante catadura ostentaran un poder casi absoluto.
La remoción de las fichas de este tablero podrido no responde a una convicción patriótica, sino a la indisimulada presión de Estados Unidos. Tuvo que ser la suspensión de visas, el cerco internacional y la amenaza de sanciones desde Washington lo que finalmente forzó la actuación. Queda la duda razonable de si el gobierno de Rodrigo Paz tenía la verdadera voluntad o la capacidad real de extirpar este tumor por cuenta propia. La inacción previa sugiere que, de no haber sido por la fiscalización externa, el statu quo de la impunidad habría continuado sin contratiempos.
Estamos al borde de un punto de no retorno. La proliferación de secuestros, el sicariato, el lavado de dinero y la presencia descarada de narcos internacionales nos acercan peligrosamente al abismo de los Estados fallidos. Si no reaccionamos con contundencia, el destino inevitable será mirarnos en el espejo de Haití, Somalia o Afganistán: territorios fracturados donde la ley no existe y donde mandan las mafias, los carteles y las pandillas.
El caso Mariaca es apenas la punta del iceberg. Una metástasis no se cura con aspirinas ni con discursos tibios; exige una intervención quirúrgica profunda, dolorosa e inmediata. El saneamiento total de la Policía, el Órgano Judicial y la Fiscalía ya no es una opción política ni una promesa electoral: es un imperativo de supervivencia nacional.
Para lograrlo, la cooperación internacional y el escrutinio permanente son indispensables. Bolivia está en un estado peor de lo que imaginábamos, corroída hasta los cimientos. O extirpamos el cáncer institucional ahora, o nos resignamos a ver cómo las mafias terminan de devorar los restos de lo que alguna vez fue una república.
El caso Mariaca es apenas la punta del iceberg. Una metástasis no se cura con aspirinas ni con discursos tibios; exige una intervención quirúrgica profunda, dolorosa e inmediata. El saneamiento total de la Policía, el Órgano Judicial y la Fiscalía ya no es una opción política ni una promesa electoral: es un imperativo de supervivencia nacional.
