El actual presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tuvo la oportunidad de hacer un gobierno de transición del socialismo autócrata y autoritario del Siglo XXI a la democracia participativa.
Los hechos, sin embargo, nos demuestran que su gobierno sería una continuación del MAS que gobernó Bolivia durante 20 años. Esto porque los militantes masistas siguen incrustados en el Estado.
Con el nuevo gobierno de Paz Pereira, los bolivianos nos liberamos de 20 años de dictadura socialista inepta y corrupta con la esperanza de que se inicie un nuevo modelo.
Paz Pereira ganó las elecciones en gran parte por los votos de su compañero de fórmula, el vicepresidente Edman Lara, quien habría recibido los votos del MAS por presunta instrucción de Evo Morales a sus seguidores. Hoy, sin embargo, ambas autoridades son enemigos declarados, lo cual no ayuda precisamente a la gobernabilidad.
¿Hay un acuerdo secreto entre el actual gobierno y Evo Morales? Si bien existe una orden de apremio contra Evo por presunta trata de personas, ¿por qué no lo detienen?
El nuevo gobierno, que está casi un año en el poder, está como barco sin rumbo. El Ejecutivo se muestra aletargado. No tiene ideología, un verdadero partido, un plan de gobierno y no toma decisiones. Perdió su “cuarto de hora”, la luna de miel de los primeros 100 días que ofrece la popularidad de un flamante gobierno.
Según recientes encuestas en el eje troncal de Bolivia de Ipsos Ciesmori, el 61 % de los encuestados hallaron que el gobierno va en dirección incorrecta, principalmente por el tema económico y las fuertes tensiones sociales.
Esta impopularidad es como resultado, entre otros, por la tensión que vivió Bolivia durante 53 días.
A raíz de la crítica situación económica, los movimientos sociales cercaron principalmente a la ciudad de La Paz (donde se encuentra el poder político) y bloquearon las carreteras, provocando escasez de gasolina, alimentos y medicamentos.
Los bloqueadores pedían la renuncia del Presidente y que se llame a elecciones anticipadas. Ante el caos, desgraciadamente murieron 22 personas porque no pudieron llegar a los hospitales para ser atendidas. Finalmente, el gobierno decretó Estado de excepción.
Los hechos confirman que el actual gobierno mantiene a los simpatizantes del MAS trabajando en el Estado.Un ejemplo claro es que cerca de 500.000 empleados públicos que contrató el MAS –que eran sus partidarios– siguen como funcionarios.
El gobierno puede rescindir los contratos, ya que están sujetos al Estatuto del Funcionario Público; sin embargo, no lo hace.
El servicio exterior se mantiene tal cual. El gobierno mantiene a todos los funcionarios del antiguo régimen en el exterior. Solo ha nombrado a dos embajadores: uno en Paraguay y otro ante la OEA.
Y lo que es insólito: el Ejecutivo ha contratado a cuatro excolaboradores de Evo Morales que fungieron como exministros, exviceministros y asesores. Es un equipo que tiene el fin de diseñar campañas de comunicación del gobierno con fines estratégicos.
El gobierno no cierra las empresas que están quebradas. El MAS creó 60 empresas estatales en las cuales empleó a sus seguidores. Según la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, existen 20 empresas estatales en quiebra técnica tras evaluar 67 entidades públicas.
Dichas compañías tienen deudas y compromisos financieros superiores a sus bienes y activos, dejando su patrimonio en cifras negativas. Aún se desconoce si estas serán liquidadas o transferidas.
Paz Pereira designó por decreto a la nueva contralora interina. Ella es simpatizante del MAS y ejerció como subcontralora. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la tarea de elegir al titular.
El Tribunal Supremo Electoral cuenta con un presidente que es afín al MAS.
En torno a la corrupción, lo grave es que esta llega a los niveles más altos; a casos insospechados, para citar unos cuantos.
En noviembre pasado, 32 maletas llegaron de EEUU en un chárter privado al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra.
Pertenecían a la exdiputada boliviana Laura Rojas, que utilizó un pasaporte diplomático no anulado.
Las maletas no fueron revisadas por la Aduana y fueron trasladadas a un galpón de un exjuez. Aún no se sabe qué contenían. Se cree que tenían divisas norteamericanas. El caso se llamó "narcomaletas" y la diputada, tras pagar una fianza, mantiene detención domiciliaria.
En julio pasado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen interceptó en el aeropuerto de Santa Cruz siete maletas con 189,42 kilos de oro distribuidos en 77 lingotes rumbo a Dubái.
Se detuvo al portador, Adrián Lema, durante unos días. Semanas después, el juez dispuso que fuera liberado tras pagar una fianza.
El tema de fondo es que estos, como otros casos, no se han aclarado.
La única señal positiva es la detención del exfiscal general del Estado Roger Mariaca y el de Santa Cruz, Alberto Zeballos, así como de otras autoridades bolivianas, tras que el Departamento de Estado les retiró las visas.
Este es el resultado de la iniciativa del presidente Trump llamada “Escudo de las Américas”, a la que está adscrita Bolivia, que busca combatir actos criminales, principalmente vinculados al narcotráfico.
La Policía halló que de la casa del fiscal general salía una ambulancia cargada de pesos bolivianos y dólares.
El gobierno ha sentado un buen precedente al detener a los delincuentes incrustados en la justicia. El Legislativo ha nombrado un nuevo fiscal interino que deberá desmontar el aparato de corrupción en esa instancia y devolver la seguridad jurídica a los ciudadanos bolivianos.
