El político y analista financiero, Jaime Dunn, advirtió que Bolivia no debe utilizar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener el gasto del Estado, sino aprovechar el financiamiento para ejecutar reformas estructurales, reducir el déficit fiscal y generar las condiciones que permitan al país producir sus propios dólares.
“No podemos usar dólares nuevos para financiar el mismo Estado viejo”, afirmó en La Tarde en Directo de ERBOL.
Dunn sostuvo que el desembolso del FMI representa principalmente una inyección de liquidez y tiempo para que Bolivia ordene sus cuentas públicas, pero remarcó que el crédito no genera por sí mismo prosperidad ni disciplina fiscal.
Explicó que estos recursos no representan dólares generados por la economía boliviana, sino dinero prestado que posteriormente deberá ser devuelto.
Entre las principales medidas que, según Dunn, deberían acompañar el acuerdo se encuentran una reducción significativa del gasto público, la reestructuración o cierre de empresas estatales inviables, una mayor independencia del Banco Central y la eliminación de controles que, a su juicio, limitan la actividad productiva, como cupos de exportación y determinadas restricciones sobre tasas de interés.
El analista consideró que uno de los principales riesgos consiste en cambiar únicamente la fuente de financiamiento del déficit sin solucionar el desequilibrio fiscal.
“Cambiar la fuente de financiamiento del hueco no elimina el hueco”, afirmó, al advertir que el problema continuará mientras el Estado mantenga un nivel de gasto superior a sus ingresos.
Dunn destacó que el programa con el FMI contempla una reducción importante del gasto público durante los 36 meses de vigencia del acuerdo y señaló que el ajuste debería reflejarse en el Presupuesto General del Estado.
Otro de los puntos que consideró centrales es la situación de las empresas estatales. Dunn sostuvo que el Estado deberá reestructurar aquellas compañías que generan pérdidas y poner fin a las operaciones de las empresas que resulten inviables.
También señaló que Bolivia necesita impulsar su sector productivo y exportador para generar los dólares con los que posteriormente deberá pagar la deuda. En ese sentido, planteó reformas orientadas a facilitar las exportaciones, eliminar cupos y revisar las condiciones que afectan a los productores.
El analista cuestionó que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre los ciudadanos y las empresas. Afirmó que los bolivianos ya enfrentan una pérdida de poder adquisitivo, un mayor costo de las deudas en dólares, menor consumo y dificultades en el mercado laboral.
“La gran pregunta es, ¿cuándo el Estado va a hacer su parte?”, planteó.
Dunn sostuvo que todavía no se observa una reducción suficientemente significativa del gasto estatal ni una reestructuración de empresas públicas que permita demostrar que el Estado está asumiendo una parte mayor del costo de la crisis.
En su criterio, si el desequilibrio fue generado por un exceso de gasto y consumo público, la corrección no puede recaer únicamente sobre los ciudadanos.
“Los ciudadanos ya estamos con los cinturones bien ajustados”, afirmó, al sostener que en esta nueva etapa de la crisis el mayor esfuerzo debería recaer sobre el Estado.
Combustibles y reducción de subvenciones
Dunn también se refirió al retiro progresivo de las subvenciones a los combustibles y a su impacto sobre la población. El analista sostuvo que el ajuste no debería limitarse a elevar los precios de los combustibles, sino que tendría que estar acompañado por mejores condiciones para producir.
“Si al productor le cobramos precios internacionales, también debemos darle condiciones internacionales para producir”, afirmó.
En ese marco, planteó eliminar restricciones a las exportaciones, evitar techos de precios y reducir los costos asociados a la importación de bienes e insumos necesarios para la producción.
Dunn también mencionó la necesidad de revisar otras subvenciones y tarifas, además de los precios de los combustibles, y consideró que el proceso debe estar acompañado por una mejora en la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
