Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de recursos identificados de litio, casi una quinta parte del total mundial y más del doble que Chile. Desde el punto de vista geológico, es una de las mayores riquezas de litio del planeta. Sin embargo, desde 2018, la producción acumulada de Bolivia apenas alcanza las 1.400 toneladas. Chile produce más que eso en cuestión de semanas.
El problema no es geológico ni de demanda. El apetito mundial por el litio, fundamental para los vehículos eléctricos y las baterías de almacenamiento, continúa creciendo. El problema está en cómo Bolivia ha intentado convertir sus reservas en ingresos: acuerdos poco transparentes, empresas mixtas y contratos que prometen mucho y producen poco. Más de una década de anuncios todavía no se ha traducido en una industria capaz de aprovechar plenamente el recurso.
No sería la primera vez que Bolivia enfrenta este dilema. La plata de Potosí financió un imperio, mientras la región quedó entre las más pobres del hemisferio. Los barones del estaño hicieron fortunas en el extranjero con un mineral extraído por bolivianos que muchas veces regresaban a sus hogares con silicosis, no con riqueza. El litio no tiene por qué repetir esa historia.
Existe una alternativa: mantener el litio en manos bolivianas y, al mismo tiempo, atraer capital, tecnología y conocimiento para construir una industria nacional de baterías. Llamémosla Lithium Valley.
En lugar de otorgar a empresas extranjeras derechos de extracción o participaciones sobre el litio boliviano, el Estado podría ofrecerles algo más limitado: el derecho a comprar, en el futuro, una cantidad definida de litio producido por Bolivia, a un precio justo basado en los costos, a cambio de inversiones concretas dentro del país.
Eso significaría laboratorios de investigación, líneas piloto de manufactura, empleos, capacitación y transferencia tecnológica. YLB seguiría siendo la empresa estatal encargada de la producción y conservaría la propiedad y el control que establece la legislación boliviana. La diferencia estaría en lo que Bolivia ofrece a quienes estén dispuestos a construir una industria en su territorio: no la propiedad del recurso bajo los salares, sino un acceso futuro y condicionado a la producción.
¿Por qué aceptaría una empresa? Porque para una compañía de tecnología de baterías, disponer de un suministro futuro y seguro de litio puede ser un activo decisivo para atraer inversionistas y financiamiento. Bolivia no regalaría su recurso: utilizaría parte de su valor futuro para atraer capital, tecnología y empresas que generen empleo dentro del país.
Este podría ser un momento especialmente oportuno. Una nueva legislación ha abierto un camino para una mayor participación privada junto a YLB, mientras una propuesta de ley de inversiones busca establecer garantías para los inversionistas, incluido el arbitraje internacional. La puerta que durante años permaneció cerrada comienza a abrirse.
Viví en Bolivia entre 1996 y 2004 y trabajé en el sector de hidrocarburos. También administré una pequeña granja lechera y fui copropietario de un local en Santa Cruz. Esa experiencia me permitió conocer de cerca las fortalezas y limitaciones de la economía boliviana. Durante casi quince años he pensado en una fórmula que evite los errores de los antiguos modelos de inversión extranjera y preserve la soberanía nacional.
Lithium Valley no es una garantía de éxito. Es una propuesta que merece ser discutida seriamente por el Gobierno, los empresarios, los ingenieros y los emprendedores bolivianos.
Bolivia no tiene por qué elegir entre entregar su soberanía y dejar el litio enterrado. Existe una tercera vía: conservar el control del recurso y utilizar su valor futuro para construir una industria nacional. El desafío es, finalmente, poner el litio a trabajar.
janthonysanchez@post.harvard.edu
Jay Sanchez - Dorta
