La Cámara de Diputados conminó públicamente a exparlamentarios de la anterior gestión a devolver equipos de propiedad del Estado que les fueron asignados, sin embargo, los exlegisladores cuestionaron la medida y exigieron conocer previamente si existe un proceso y debido proceso.
La conminatoria fue publicada en la prensa y está dirigida a exdiputados titulares y suplentes, representantes supraestatales de las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana, Creemos y otras agrupaciones políticas, además de exservidores públicos involucrados.
Ingvar Ellefsen, representante de los exparlamentarios, afirmó que la publicación tomó por sorpresa a los exlegisladores de las distintas fuerzas políticas de la gestión pasada, debido a que no fueron notificados previamente sobre ningún proceso.
“Uno no puede ser juzgado en ausencia, uno no puede ser sentenciado sin el debido proceso”, afirmó Ellefsen, al explicar que los exparlamentarios presentaron más de 300 notas dirigidas al Oficial Mayor y al presidente de la Cámara de Diputados para solicitar información sobre las presuntas obligaciones pendientes.
Según el representante, cada exparlamentario elaboró y firmó su propia nota, mientras que él se encargó de presentar los documentos ante la ventanilla única.
Ellefsen cuestionó además el contenido de la conminatoria porque, según dijo, no identifica de manera suficiente los bienes que supuestamente deben ser restituidos. “En la conminatoria no dice, no dice en ninguna parte qué nos están conminando”, sostuvo.
El representante afirmó que los legisladores, al concluir sus funciones, solicitaron por escrito información sobre posibles obligaciones pendientes y que cuentan con certificados que acreditan que no tenían bienes por devolver.
Respecto a su situación particular, Ellefsen señaló que extraoficialmente conoció que la eventual obligación estaría relacionada con teléfonos celulares entregados bajo la modalidad de comodato. Sin embargo, aclaró que responderá sobre ese punto cuando exista una comunicación oficial y se respete el debido proceso.
El representante también cuestionó una presunta nueva normativa sobre bienes de la Cámara que, según dijo, habría sido elaborada y aprobada por el actual Oficial Mayor. A su juicio, esa actuación correspondería a otras instancias de la Cámara y podría implicar una vulneración de la separación de funciones.
